El Congreso de Estados Unidos optó por el default y el caos en Puerto Rico, afirmó este viernes el gobernador de la endeudada isla, Alejandro García Padilla, al criticar que los legisladores le hayan negado la posibilidad de declarar la bancarrota.
García Padilla reaccionó así a que el Congreso no incluyera en su ley de presupuesto aprobada este viernes protección a Puerto Rico bajo la ley de quiebras norteamericana, para reestructurar ordenadamente su deuda, ni fondos especiales para cumplir con el próximo pago a los acreedores a fines de diciembre.
«Al no actuar ahora, el Congreso ha optado porque un Estado Libre Asociado de Estados Unidos deje de pagar sus obligaciones y entre en caos», dijo el gobernador de la isla, que acumula deudas por 72.000 millones de dólares que el propio García Padilla ha reconocido que son impagables.
«Estando conscientes y advertidos de la crisis fiscal y económica que vive Puerto Rico, el Congreso ha decidido hoy no ayudar a los 3,5 millones de ciudadanos americanos» en la isla, señaló el gobernador, quien esta semana anunció que no se presentará a la reelección en 2016.
Acusó al lobby de Wall Street y a los «fondos buitres», antagonistas de una reestructuración de la deuda con quitas, de haber hecho descarrilar la posibilidad de ayuda en el Congreso.
Los demócratas en el Congreso habían pedido las medidas de alivio respaldadas por la Casa Blanca, pero los republicanos, que controlan el Congreso, se negaron.
García Padilla insistió en que habrá pronto «una crisis humanitaria» ya que el gobierno no podrá ofrecer «servicios esenciales a sus ciudadanos», en medio de una dramática situación que enfrenta la isla, en recesión desde hace casi una década y con un verdadero éxodo de personas hacia el continente, lo que ha hundido más la economía local.
No obstante, saludó el «compromiso» del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, que dio un plazo de tres meses a sus colegas para encontrar salidas a la crisis puertorriqueña.
El gobierno de Barack Obama apoya que Puerto Rico sea incluido en la ley de quiebras, pero descarta cualquier tipo de «rescate» financiero.
La isla no tiene opción de declararse en bancarrota como sí lo han hecho municipalidades norteamericanas.
