Santo Domingo. La Coalición de Activismo LGBT Dominicano, advirtió que el Estado dominicano tiene la obligación de velar por el pleno desarrollo de toda la ciudadanía sin discriminación alguna, y defendió el derecho de las personas gay, lesbianas, bixesuales y trans que viven en el país.
La entidad criticó la postura de representantes de iglesias evangélicas, católicas y de intelectuales, quienes en una carta piden al gobierno declarar persona “no grata” al embajador norteamericano James W. Brewster, por su condición de homosexual.
Revela que en la carta con fecha 5 de enero de 2016, un grupo de representantes de iglesias evangélicas y católicas, así como un grupo de intelectuales dominicanos, expresaron su rechazo a lo que califican como “un intento del gobierno de los Estados Unidos y su embajador en el país, James W. Brewster, de tratar de fomentar aquí la homosexualidad”.
Dicen que es pertinente recordarle a esos ciudadanos que cuando se habla de la falta de libertades, las violaciones de derechos humanos, de discriminación y estigmatización, muy pocos levantan su voz para señalar y condenar la que viven miles de dominicanos y dominicanas solo por causa de su orientación sexual o identidad de género.
“Y esto, a pesar de que las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans (LGBT) hemos sido un grupo social que ha sufrido la crudeza y la intolerancia de quienes pretenden dirigir a toda la sociedad dominicana desde sus convicciones morales y religiosas, o sea, basado en un código ético y de decoro que confina a las personas LGBT a vivir en el silencio, en la oscuridad y escondidos. Nunca a vivir en el pleno ejercicio de sus derechos, siendo nosotros, pues un país de derecho”, agrega.
La carta sostiene que “cabe señalar que una sociedad democrática no puede basarse en la discriminación hacia ninguno de sus grupos poblacionales, por lo cual, es necesario que nos movamos a una sociedad capaz de reconocer los derechos de todos y todas”.
Indica que urge que los «intelectuales dominicanos», tanto los firmantes de dicha carta pública, como los no firmantes, los hacedores de leyes, la clase política, la sociedad civil y religiosa del país se actualicen y redefinan su participación en un sistema democrático globalizado, asumiendo como una realidad la inclusión de todos los segmentos de la población, entre ellos los de las personas LGBT”.
“El Estado dominicano, debe recordar que es signatario de varios tratados internacionales en materia de derechos humanos y que por ende, tiene la obligación de velar por el pleno desarrollo de toda la ciudadanía sin discriminación alguna y acorde a los caracteres de su personalidad”, añade el documento publicado en el periódico El Nuevo Diario.
Expresa que en ese sentido, “es importante destacar que nuestra Constitución en el artículo 5.- Fundamento de la Constitución, nos dice que esta se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. Mientras que el artículo 6, Supremacía de la Constitución, nos plantea que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.
Afirma que el artículo 38.- Dignidad Humana, habla de que “El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.
Agrega que el artículo 39.- Derecho a la igualdad. “Nos plantea que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”.
Indican que en esta “carta de los intelectuales, pidiendo la cabeza del embajador de los Estados Unidos, se evidencia la violencia absurda y homo/lesbo/bi/transfobica que se ejerce todos los días en prácticamente todo el país y sus instituciones, incluso desde aquellos que se presumen progresistas. Es evidente que muchas familias, escuelas e iglesias cuando no estimulan estas expresiones de violencia, las permiten”.
Dice que en referencia al manual «Hablemos», solo podemos decir que todo mundo debería leerlo y dejar de hacer comentarios en torno a un documento que desconocen.
“La carta en cuestión nos empuja a pedir a estos intelectuales, que así como presentaron esta comunicación, se tomen su momento para la elaboración de otras cartas públicas, pidiendo por ejemplo, que se agilicen los procesos judiciales en donde las víctimas son mujeres transexuales; que se aclaren las fortunas que exhiben muchos/as políticos/as del país y que no tienen forma de demostrar como las han obtenido; sugerimos también una carta tomando posición en relación a la muerte del arquitecto de La OISOE; exigiendo el fin de los feminicidios, o del limbo jurídico de miles de ciudadanos y ciudadanas… y si seguimos no terminamos”.
Añade que “pero sobre todo, se agradecería una carta donde reconozcan que todas y todos tenemos los mismos derechos independientemente de nuestras orientaciones sexuales e identidades de género.
