El señor Alberto Feliz Montero se quejó por la tardanza del Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo en conocer una solicitud  de autorización judicial para que las empresas de telecomunicaciones rastren  las llamadas realizadas desde un teléfono celular que le fue robado en su residencia y está siendo usado.

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Feliz Montero contó que el 30 de octubre del 2015, alrededor de las cuatro de la tarde, delincuentes entraron a su residencia forzando la puerta principal,  y sustrajeron dos teléfonos celulares propiedad de sus dos hijos, prendas, dinero en efectivo y otros objetos de valor.

Narró que cuando presentó la denuncia en la Policía Nacional le informaron que el  teléfono marca Sansung Galaxy S5 había sido activado y que estaba siendo utilizado.  El teléfono está a nombre de su hijo Feliz Segura.



Precisó que acudió a la fiscalía de la provincia Santo Domingo, donde el fiscal adscrito al departamento de Delitos contra la propiedad, José Manuel Polanco Gutiérrez, solicitó la autorización de monitoreo de las llamadas del teléfono para determinar su ubicación.

 Deploró que la solicitud de medida  no ha sido conocida por la Oficina de Atención Permanente, pese a que la han pedido en varias ocasiones desde noviembre del pasado año.

“Es un desorden que hay en la provincia, ahí no se puede ir a nada”, dijo Feliz Montero, quien señaló que en esa jurisdicción se ha encontrado con muchas personas que también le han robado sus teléfonos celulares.

El fiscal solicitó la aprobación del tribunal del récord  de llamadas entrantes y salientes,  con sus generales de ley,  correspondiente al número de imei 3525580674566427 de las compañías Orange, Claro y Viva Dominicana,  desde el período comprendido entre el día 30 de octubre del año 2015 hasta el 17 de noviembre de ese mismo año.

Feliz Montero visitó  la redacción de este diario para exponer su caso, motivado en las  declaraciones recientes dadas por el jefe de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes, de que los teléfonos celulares son un negocio porque están siendo activados para venderlos aquí y en el extranjero, luego de aplicarles un “blanqueo de series”.

“Al jefe de la Policía quizás le faltó decir algunas cosas, y es la tardanza de la justicia”, consideró, tras enfatizar que no ha recibido apoyo del Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo.

Fuente: ListinDiario