El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria considera ilegal el arresto del fundador de WikiLeaks Julian Assange, que vive recluido en la embajada ecuatoriana en Londres para eludir una orden de captura europea, anunció el jueves la diplomacia sueca.
“Podemos constatar simplemente que el grupo de trabajo llegó a otra conclusión que las autoridades judiciales suecas”, declaró a la AFP una portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia.
La justicia sueca, que busca interrogar al australiano por un caso de presunta violación, emitió una orden europea de arresto contra él.
Previamente, Assange, de 44 años, dijo que si el grupo de trabajo de la ONU le daba la razón,esperaba “la restitución de mi pasaporte” y que “se acaben las tentativas de detenerme”.
Assange presentó en 2014 una demanda contra Suecia y el Reino Unido ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
En ella denunciaba que su confinamiento en la embajada ecuatoriana -de la que no puede salir porque el Reino Unido le niega un salvoconducto a Ecuador, que le concedió asilo- constituía una detención ilegal. El fallo del panel no es jurídicamente vinculante, pero en general los Estados los aceptan.
Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres el 19 de junio de 2012 después de agotar todos los recursos en contra de su extradición de Gran Bretaña a Suecia, donde ha sido acusado de violación, cargo que Assange ha negado.
Assange teme que Suecia lo entregue a Estados Unidos, donde podría ser procesado por haber revelado documentos diplomáticos estadounidenses en la página web WikiLeaks.
El australiano creó WikiLeaks en 2006, y desde entonces la organización ha filtrado 500.000 documentos militares confidenciales sobre las guerras en Afganistán e Irak y 250.000 cables diplomáticos, en los que abundaban comentarios insultantes a dirigentes locales, que han irritado a Estados Unidos.
Según Per Samuelsson, el abogado sueco de Assange, las conclusiones del grupo de trabajo de la ONU suponen que Suecia “viola la convención europea de derechos humanos”. La justicia sueca “debe levantar la orden de arresto”, dijo a la AFP.
La fiscalía encargada de la investigación no había hecho ningún comentario el jueves por la tarde.
