AFP 
Washington, Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este martes a República Dominicana a dejar sin efecto una sentencia judicial que negó la nacionalidad a hijos de haitianos indocumentados, en un crítico informe del órgano regional.
La Comisión instó al gobierno dominicano a adoptar medidas para evitar que la sentencia, dictada por el Tribunal Constitucional en 2013, «continúe produciendo efectos jurídicos», y a «restaurar plenamente el derecho a la nacionalidad de todas las personas afectadas».
Denunciando que la sentencia «afectó desproporcionalmente a las personas de ascendencia haitiana» y conllevó a que quedasen en una «situación de apatridia», la CIDH acusó a la decisión del tribunal de ser «incompatible» con el derecho internacional.
El ente, con sede en Washington, también llamó a «dejar sin efecto las disposiciones» de una ley que reconoce a los hijos de inmigrantes indocumentados sus actas de nacimiento como dominicanos, pero que al considerar extranjeros a aquéllos que nunca fueron asentados en el registro civil, implica una «privación retroactiva de la nacionalidad».
Miles de personas no pudieron realizar sus trámites antes de la fecha límite fijada por el gobierno y actualmente corren el riesgo de ser deportados.
República Dominicana debe «poner fin a las prácticas tendientes a negar la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio en razón del origen (…) o la situación migratoria de sus padres», indicó la CIDH en el informe.
«Discriminación histórica»
La CIDH ya se había sumado al coro de críticas internacionales por las dudas surgidas entorno a la nacionalidad de la población de origen haitiano en Dominicana, pero coronó su posición en este demoledor informe de 260 páginas, redactado a propósito de una visita al país caribeño en diciembre de 2013.
Pocos meses antes, el Tribunal Constitucional dominicano había decidido que «los niños nacidos en el país con padres extranjeros en tránsito no tienen la nacionalidad dominicana», un polémico fallo retroactivo a 1929 que convirtió de facto en apátridas a más de 250.000 personas, principalmente hijos de haitianos.
En su informe, la CIDH remarcó que las personas afectadas han quedado en «desventaja en el goce» de algunos de sus derechos y en una «situación de extrema vulnerabilidad», que los deja propensos a ser víctimas de violencia, deportaciones sumarias y a vivir en pobreza.
«La pobreza afecta desproporcionalmente a las personas de ascendencia haitiana y esta situación guarda relación con los obstáculos que enfrentan en el acceso al registro civil y a documentos de identidad, indicó en su informe la Comisión, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos.
El fallo del tribunal sirvió de catalizador para nuevas deportaciones y ataques contra migrantes haitianos. Pero según la CIDH, sólo agravó la situación de desprotección de esa población que acumula muchos años en República Dominicana.
Para la comisionada Margarette May Macaulay, relatora sobre los Derechos de las Personas Afro-Descendientes, la actual coyuntura «se enmarca dentro de la discriminación histórica que en diversas esferas enfrentan las personas dominicanas de ascendencia haitiana».
Esa práctica basada en el color de piel, el origen nacional de sus padres o ascendientes, los apellidos o la capacidad lingüística «constituye una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación y conlleva a la violación de otros derechos», dijo Macaulay, citada en un comunicado.
Prueba de ello ha sido la «práctica extendida» de obstáculos que durante años han tenido los migrantes haitianos para regularizar su situación migratoria, así como la de sus hijos nacidos en territorio dominicano, según el informe.
Haití ha denunciado el fallo del tribunal dominicano, temiendo un escenario de deportaciones forzadas y masivas, pero ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre el tema.
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