El magistrado del Tribunal Superior Electoral (TSE) doctor José Manuel Hernández Peguero advirtió hoy que la Junta Central Electoral (JCE) no tiene facultad para reglamentar el uso de los recursos públicos en la presente campaña proselitista sin el auxilio de una legislación sobre la materia.
Hernández Peguero explicó que la capacidad reglamentaria que otorga a la JCE la Constitución no puede suplir las deficiencias legislativas en torno a un asunto que compete al Congreso. “La JCE no tiene facultad para reglamentar lo que no está establecido”, manifestó el magistrado durante una visita al director de El Nacional, Bolívar Díaz Gómez.
“Un reglamento que imponga prohibiciones o afecte derechos es inconstitucional y no tendría eficacia”, añadió. Hernández Peguero se refirió al Proyecto de Reglamento de Propaganda Electoral y control del uso de los bienes públicos en la campaña electoral, sometido al pleno de la JCE por el miembro de ese organismo el doctor Eddy Olivares Ortega. El reglamento prohíbe el proselitismo político en las inauguraciones de obras construidas por el Estado y difundir mensajes sin revelar la persona o entidad que la autoriza.
Ordena a los aspirantes a cargos electivos no hacer uso de bienes del Estado 60 días previos a las elecciones, incluido el Presidente. Asimismo, prohíbe que el gobernante, el vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes, regidores, vocales, suplentes, directores de distritos municipales y todos los candidatos a una posición de elección popular usen naves aéreas, vehículos, combustible u otros bienes con recursos del erario para desplazarse hacia las actividades de sus partidos.
Varios partidos de oposición han reclamado al organismo electoral que prohíba el uso de los recursos públicos en la presente campaña.
En tanto que el presidente Danilo Medina pidió a la JCE supervise e impida el uso de los recursos públicos a favor de su candidatura.
Hernández Peguero aseguró que uno de los principales inconvenientes del TSE al momento de evacuar una sentencia es la ausencia de una Ley que reglamente a los partidos políticos del país.
Y ante la ausencia de una Ley de Partidos, los jueces del TSE deben recurrir a principios constitucionales y la las experiencias jurisprudenciales de otros tribunales electorales para tomar las decisiones sobre los conflictos entre los actores del sistema político dominicano. “No se puede imponer sanciones por la violación a disposiciones reglamentarias. Sería inconstitucional”, precisó.
Hernández Peguero se refirió al intenso trabajo que ocupa a los jueces del TSE y afirmó que hoy tiene seis audiencias y el próximo viernes tendrá 14, sobre conflictos que envuelven a todos los partidos.
Se trata de recursos de amparo, demandas en nulidad de escogencia de candidatos y medidas cautelares. En enero y lo que va de febrero ese tribunal fue apoderado de 31 expedientes, “lo que implica un aumento considerable de procesos que se proyecta para el 2016”. En el 2015, hubo 156 sesiones del Pleno del TSE y ese tribunal falló 25 expedientes contenciosos electorales.
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