El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, consideró que en República Dominicana es necesario erradicar de forma general la pena de prisión de libertad por delitos de difamación e injuria para completar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en esa materia.

Maldonado objetó que en el país aún subsistan penas privativas de libertad para proteger la honra del Presidente de la República y de los dignatarios extranjeros.



Persio Maldonado

Consideró un paso de avance que el TC haya abolido esas penas en lo referente a los funcionarios públicos, los legisladores, los jueces y los titulares de organismos represivos del Estado, pero insistió que la despenalización debe ser general.



“Gracias a Dios que en el país las leyes no se cumplen, porque sino tuviéramos muchos presos con condenas hasta de un año de prisión por ofender al Presidente o a un jefe de Estado Extranjero”, observó Maldonado al ser entrevista por el abogado Namphi Rodríguez en el programa “Entrevista 16”, que se transmite los fines de semana por Telecanal 16.

El presidente de la SDD dijo que en el país subsiste la cultura de los políticos de preservar las penas de prisión “como una especie de arma de reglamento que el poder no usa, pero que tiene a su disposición por si acaso la necesita”.

En ese tenor, el presidente de la SDD valoró como un paso de avance la sentencia del TC, aunque la consideró una victoria parcial e incompleta de la sociedad dominicana.

“La despenalización debe ser total, vivimos en la sociedad democrática del siglo XXI, no es posible que los periodistas y los ciudadanos tengamos este tipo de penas del siglo XIX”, agregó.

Igualmente, juzgó como un hecho positivo que se haya suprimido la responsabilidad penal “en cascada” de los directores de medios de comunicación, puesto que, a su juicio, esa era una “rémora” que contravenía el artículo 40 de la Constitución.

“Dice la Constitución que nadie puede ser penalmente responsable por el hecho de otro; era irrazonable que los periodistas y los directores tengamos que responder ante los tribunales por el simple hecho de publicar afirmaciones que hacen los políticos”, enfatizó.

Advirtió que en lo adelante será el Congreso Nacional al que corresponderá completar la reforma iniciada por el Tribunal Constitucional aprobando una ley que compatibilice los criterios del TC, de la Constitución y de los tratados internacionales sobre derechos humanos.

“Instamos al Congreso a dar los pasos que siguen y completar la reforma para que podamos tener las garantías propias de una sociedad democrática como la nuestra”, concluyó.