Gabriela Zapata, quien dice ser madre de un hijo del presidente boliviano Evo Morales, denunció ayer que fue drogada en la cárcel donde está recluida y que teme por su vida, aunque el gobierno prometió garantías para su integridad física.
«Me han drogado anoche, incluso han intentado golpearme, me han amenazado» dijo en un contacto teléfonico con medios locales. Zapata, exgerente de la firma china CAMC que logró millonarios contratos con el Estado, está detenida en un penal de La Paz, investigada por enriquecimiento ilícito.
Zapata responsabilizó de los hechos a reclusas del penal: «Lo que estoy diciendo es que en esta cárcel mi persona corre peligro», insistió.
La denuncia de supuestas agresiones ocurre un día después de que su abogado revelara supuestos diálogos que Zapata habría mantenido con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, vía WhatsApp.
La oposición asegura que Zapata aprovechó sus influencias en el gobierno para hacer negocios, mientras que el oficialismo descarta vínculos con ella, pese a que admiten que trabajaba desde una oficina habitualmente asignada a la primera dama.
La expareja del presidente Morales denunció varias veces que sufre presiones psicológicas y presentó sus reclamos en una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), a mediados de marzo.
Está detenida desde hace más de un mes y semanas atrás fue trasladada de una cárcel a otra en la ciudad de La Paz, aunque se quejó de que la llevaron a un lugar donde «las internas son peligrosas».
Tras la denuncia, el Ministerio de Gobierno señaló en un comunicado que ordenó «un examen médico forense para verificar si evidentemente la interna Gabriela Zapata Montaño ingirió en contra de su voluntad alguna droga». También aseguró que tomará medidas para garantizar su seguridad física.
Un juez de familia conminó a Zapata a presentar en tribunales al hijo que ella dice tener con Morales, quien asegura que el niño falleció aunque un sector del oficialismo asegura incluso que nunca existió.
Una comisión del Congreso sigue su investigación sobre los millonarios contratos firmados por la firma china CAMC y varias instancias del Estado boliviano, al tiempo que la oposición sostiene que hubo tráfico de influencias.
El incidente manchó la imagen del mandatario, que gobierna desde 2006 y recientemente perdió un referendo popular en el que había que expedirse sobre un posible cuarto mandato consecutivo (2020-2025).
