Los temas más investigados del sector Salud en República Dominicana en años recientes no se corresponden con los principales problemas de salud que afectan a la población, revela una investigación del Centro de Bioética del Área de Ciencias de la Salud del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).
El informe “Brechas de Investigación en Salud en la República Dominicana: un análisis de los estudios implementados durante el periodo 2009-2013” de los investigadores Julio Canario, Jefrey Lizardo, Roberto Espinal y Manuel Colomé, sostiene que durante esos cinco años menos del 2% de los proyectos trataron sobre las primeras cuatro causas de Años de Vida Ajustados en función de la Discapacidad (AVAD) en el país, que son: las complicaciones del nacimiento, la enfermedad isquémica de corazón, los accidentes de tránsito, y los accidentes cerebro-vasculares.
“Estos quedan relegados en materia de investigación”, según explica Canario, profesor de la maestría de Bioética del INTEC y miembro del Centro de Bioética del INTEC.
AVAD es una medida compuesta que calcula cuántos años de vida pierde una persona que muere de forma prematura debido a enfermedad y cuántos años de vida pierde por vivir con una calidad de vida inferior a la óptima.
La investigación detalla que el VIH/SIDA, que causa el 0.83% de AVAD en mujeres y 1.29% en los hombres, es el tema más investigado en el país representando al 22% de las áreas investigadas, en tanto que las infecciones de vías respiratorias causantes del 3% de AVAD en mujeres y hombres se ubican como el segundo tema más investigado (4%).
“El aspecto más importante mostrado en este estudio es que los proyectos llevados a cabo en el país en los últimos años no representan el interés nacional directo en términos de control y prevención de enfermedades”, puntualiza el informe de investigación.
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Los hallazgos indican además que de 313 investigaciones identificadas en República Dominicana durante el período 2009-2013 se encontró que un 56% fueron financiadas por empresas farmacéuticas internacionales (198 ensayos clínicos y 113 estudios observacionales).
A juicio de los investigadores, el aumento en la implementación de ensayos clínicos en el país es una buena noticia pero de especial preocupación, debido a que en República Dominicana no existe una ley que regule los ensayos clínicos, y la capacidad de las autoridades locales para el monitoreo de estos estudios es limitada y poco coordinada con una estrategia nacional.
“Algunas investigaciones han sido vetadas en países desarrollados pero aprobadas en países pobres en los cuales no existen políticas claras y las leyes son laxas al respecto”, advirtió Canario, quien representó al país ante cientos de especialistas durante el XI Congreso Brasileiro de Bioética, el III Congreso Brasileiro de Bioética Clínica, y la III Conferencia Internacional sobre Enseñanza de la Ética de la Asociación Internacional de Enseñanza en Bioética (IAEE, por sus siglas en inglés), celebrados en Curitibia, Brasil, y en el Global Forum on Bioethics in Research, que se realizó en Francia, a finales del año pasado.
La investigación utilizó como fuentes el registro de investigaciones sometidas al Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS), las financiadas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), el Registro Internacional de Ensayos Clínicos, así como el levantamiento de información en centros de investigación, universidades y la consulta directa a investigadores.
Canario cita que países como Costa Rica, México, Brasil, Colombia, Argentina, entre otros de la región cuentan con Sistemas Nacionales de Investigación y de Regulación ética que protegen la participación social de sus poblaciones vulnerables, incluyendo a las indígenas, comúnmente afectadas por su participación en proyectos de investigación.
“Estos hallazgos apuntan a la necesidad de elaborar una agenda nacional y asignación de recursos para la salud como sector y específicamente para la investigación en salud que ha sido vista como un accesorio, más que como una necesidad de desarrollo y como mecanismo de aseguramiento de la gestión de la calidad de los servicios de salud”, enfatizó Canario.
