La máxima corte venezolana declaró este lunes inconstitucional una ley de amnistía aprobada por la mayoría opositora en el Parlamento, tal como lo había solicitado el presidente Nicolás Maduro, anunció el tribunal.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo de 2016?, para liberar a dirigentes opositores presos, señaló el fallo de la corte publicado en su página web.
La decisión se produjo luego de que el pasado jueves Maduro enviara la ley al TSJ para un examen de su Sala Constitucional, aduciendo que su aprobación dejaría impunes violaciones de derechos humanos y desataría una espiral de violencia en el país.
El diputado opositor Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, había dado por descontado el viernes que la norma sería declarada ilegal, reiterando su denuncia de que el TSJ es el “bufete jurídico” del gobierno.
En una extensa sentencia, la Sala Constitucional justifica su determinación indicando que la ley incluye “delitos de delincuencia organizada que no guardan relación con delitos políticos”.
También aduce vicios de forma, la inclusión en la iniciativa de delitos administrativos que “vulneran la defensa del patrimonio público y la lucha contra la corrupción”, y “efectos en la sociedad y el ordenamiento jurídico al desconocer los derechos de las víctimas”.
“La Amnistía intenta procurar la impunidad de delitos comunes cometidos por sectores que actualmente controlan el parlamento”, declararon los jueces, al anular la ley que pretendía beneficiar a los más de 80 presos políticos opositores, incluso más que los encarcelados en Cuba.
El más conocido de ellos es el exalcalde de Chacao, Leopoldo López, quien fue condenado a 13 años de presidio pese a que el Fiscal que lo procesó, tras huir del país, confesó que todas las pruebas en su contra fueron un montaje.
Recordemos que el TSJ está controlado principalmente por jueces favorables al gobierno, debido a que este hace el nombramiento de los magistrados y los mantiene en estado de “provisorio”.
AFP
