Puerto Rico dejó de pagar este lunes 367 millones de dólares de una deuda de 422 millones, informó el gobernador Alejandro García Padilla, quien admitió que la isla podría caer en un impago aún mayor en julio.
«Me tocó elegir y elegí defender los servicios de la gente y atender el tema de la crisis fiscal de una vez y por todas», manifestó García Padilla en una rueda de prensa.
Con una deuda pública que ronda los 70.000 millones de dólares y la liquidez del BGF en apenas 562 millones de dólares, Puerto Rico se encuentra prácticamente insolvente.
Cumplido el domingo plazo de vencimiento de notas emitidas por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central) por 422 millones de dólares, Puerto Rico incurrió en un default: dejó de pagar 367 millones de dólares a bonistas agrupados en el llamado Grupo Ad Hoc, mientras otros 22 millones corresponden a intereses que están siendo negociados y 33 millones están relacionados a cooperativas locales que fueron objeto de un acuerdo por separado.
El mandatario puertorriqueño anticipó que el próximo 1 de julio, la isla puede incurrir en un impago mayor, de cerca de 2.000 millones de dólares, de los cuales 774 millones corresponden a obligaciones generales, garantizadas por la constitución.
«No se anticipa que tengamos el dinero» para pagar, advirtió.
Acompañado de su equipo económico en la sala de prensa de La Fortaleza, sede del ejecutivo, García Padilla confirmó que se logró una negociación por los 33 millones de dólares de las cooperativas puertorriqueñas mediante una nueva transacción que evitó el impago.
Al no pagar los 367 millones de dólares restantes, Puerto Rico se enfrentará a litigios de cuyas consecuencias. «Tenemos que preocuparnos, ya que vamos a caer en manos de jueces federales y locales que podrían embargar las cuentas públicas», dijo.
En presencia de la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, García Padilla afirmó que prosiguen las negociaciones con acreedores del Grupo Ad Hoc por 120 millones de dólares.
El Capitolio «debe actuar»
García Padilla reclamó nuevamente al Congreso de Estados Unidos, controlado por el opositor partido Republicano, que establezca un mecanismo que permita a este estado libre asociado a solucionar su crisis fiscal y económica.
«El Congreso tiene que actuar, si no lo hace quedamos a merced de una negociación voluntaria», subrayó.
Solicitó al Congreso permitir un proceso de reestructuración de la deuda que funcione, «no plagado de defectos a propósito», o de lo contrario esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes tendrá que embarcarse en un proceso con los acreedores que acepten negociar de manera voluntaria.
«Nuestro principal enemigo es la politiquería en Puerto Rico y en Estados Unidos; tenemos que ser fuertes ante la crisis y el país va a salir adelante, es cuestión de tiempo», dijo.
«No somos el primer país en una circunstancia como ésta, nosotros hemos honrado ser ciudadanos de Estados Unidos con sangre (participando en sus guerras); no nos merecemos esto, pero nos insultan expresiones de congresistas (estadounidenses) que dicen que nos metimos solos de este lío», lamentó García Padilla.
En el Congreso estadounidense, el senador demócrata Bob Menéndez responsabilizó a los republicanos por la crisis y dijo que en ese partido están «contentos con ver a la isla en llamas».
Para Menéndez, los puertorriqueños «permanecerán atrapados en una ciénaga fiscal hasta que el Congreso decida actuar, haga su parte, y proporcione un mecanismo de reestructuración de la deuda del territorio».
Por su parte, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo este lunes esperar que el Congreso comprenda la «urgencia» de hallar una salida a la situación, ya que la «situación se torna peor a cada día».
Responder a las demandas
En medio de la crisis fiscal, uno de los grandes temores de Puerto Rico es que se produzca una avalancha de demandas que desvíe los pocos recursos con que cuenta el gobierno de la isla en representación legal.
Pero el ministro de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, reveló al llegar a la rueda de prensa que se encuentran listos para enfrentar cualquier demanda que surja ante el impago.
Por ser un estado libre asociado y no un estado de la unión, Puerto Rico fue excluido en 1984 del capítulo 9 de la ley de bancarrota de Estados Unidos, lo que implica que no tiene autonomía para reestructurar su deuda.
La crisis en Puerto Rico comenzó cuando en 2006 finalizó un sistema de exoneración fiscal para empresas norteamericanas instaladas en la isla, lo que provocó una caída de la actividad económica, ante lo cual sucesivos gobiernos emitieron deuda para cubrir el creciente déficit.
