Al celebrar este 3 de mayo el Día de la Libertad de Expresión, el abogado Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, mostró su preocupación por lo que definió como una “tendencia riesgosa de sectores” que demandan periodistas y ciudadanos por tipos penales agravados que criminalizan los delitos contra el honor.
Rodríguez dijo que dentro de esos “tipos penales agravados” están los crímenes contemplados en las leyes de Delito Electrónico, Monetaria y Financiera y en la 24.97, que modifica varios artículos del Código Penal.
Señaló que la criminalización del delito de prensa cuando se produce por Internet o cuando afecta a bancos es una tendencia que ya ha sido estudiada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “y lo que ha dicho es que se trata de prácticas de censura contra la libertad de expresión”.
“Estamos ante una clara tendencia de persecución de la libertad de expresión, puesto que se busca tumbar las garantía de no prisión preventiva que asegura la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, para acudir a tipos penales agravados que criminalizan los delitos contra el honor y que disponen prisión preventiva”, subrayó.
Formuló un llamado a los jueces para que declaren inadmisibles ese tipo de querellas temerarias por improcedentes y falta de fundamento normativo, puesto que lo que se busca es inhibir a la opinión pública para que no emita críticas.
Citó como ejemplo, una querella que cursa en la Segunda Sala del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional del Banco Nacional de las Exportaciones (Bandex) contra Humberto Salazar, a quien se le imputa la violación del artículo 80 de la Ley Monetaria y Financiera por criticar la gestión de Federico Antún Batlle al frente del desaparecido Banco Nacional de la Vivienda (BNV).
“Tanto la gestión de Quique Antún como la de la señora Nanita Español, actual gerente del Bandex, han acudido a un tipo penal que no está contemplado en la Ley de Prensa y que criminaliza cualquier opinión que se emita contra los bancos con penas hasta de 10 años de reclusión”, dijo.
Advirtió que esa práctica contraviene la sentencia del Tribunal Constitucional que declara incompatible con la Constitución las penas privativas de libertad cuando los delitos de difamación o injuria afectan a funcionarios públicos.
“Se percibe una resistencia de esos sectores a la crítica y al escrutinio público y lo que han hecho es acudir a la criminalización de sus demandas, lo cual afecta sensiblemente la libertad de expresión”, adujo el jurista experto en Derecho Constitucional.
Subrayó que si esa tendencia continúa, se afectará el clima de libertad de expresión y la calificación internacional del desempeño de la libertad de prensa en República Dominicana.
Desde 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 3 de mayo de cada año como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con el objeto de reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial para la democracia.
