La Fiscalía brasileña presentó hoy acusaciones contra 20 empresarios y políticos, algunos de ellos muy cercanos a la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco del caso de corrupción en Petrobras.

Entre los acusados figura el exsenador Gim Argello, próximo a Rousseff, quien fue denunciado por catorce delitos relacionados con el cobro de sobornos, según relataron los fiscales responsables del caso en una rueda de prensa en Curitiba, capital de Paraná (sur).

Argello, arrestado en abril, fue acusado de negociar sobornos con constructoras implicadas en el esquema de corrupción creado alrededor de la petrolera estatal, a cambio de proteger a los empresarios y evitar que fueran convocados a declarar ante una comisión parlamentaria que investigó el caso en 2014.

Algunas de las constructoras que accedieron al pago de esos sobornos utilizaron un sistema de “donaciones legales” a campañas electorales en 2014, según afirmó el fiscal Deltan Dallagnol.

La fiscalía también denunció por diversos delitos a tres de los condenados en el llamado escándalo del “Mensalao”, como se conoce al proceso abierto por el pago de sobornos a diputados a cambio de su apoyo al Gobierno de Lula, que fue destapado en 2005 y por el que fueron condenados 25 políticos y empresarios en 2012.

Los tres son el extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Delúbio Soares, el publicista Marcos Valerio Fernandes, quien fue el principal responsable del movimiento financiero de aquella red y el cambista Enivaldo Quadrado.

Según las nuevas acusaciones, ese grupo creó una compleja red financiera para tomar un préstamo del banco Schahin de 12 millones de reales (unos 3,3 millones de dólares al cambio actual).

La mitad de esos fondos llegaron a manos del empresario José Carlos Bumlai, un amigo íntimo de Lula, y supuestamente estarían destinados a saldar deudas de campañas electorales del PT, formación de Lula y Rousseff, en la ciudad de Campinas (Sao Paulo).

Según la Fiscalía, el resto de los fondos fueron recibidos por el empresario Ronan María Pinto, quien los usó para comprar el “Diário do Grande ABC”, rotativo que le había implicado en el asesinato del alcalde de Santo André Celso Daniel, dirigente del PT, que ocurrió en 2002 en circunstancias jamás aclaradas.

Para devolver el préstamo al banco, se usaron fondos procedentes de un contrato de alquiler de una sonda de explotación de petróleo de Petrobras.

La Fiscalía informó que desde el inicio de las investigaciones del caso Petrobras, en 2014, se han presentado denuncias en la Justicia convencional contra 207 acusados, incluyendo los 20 de hoy, entre ellos importantes empresarios, ejecutivos de Petrobras y políticos no aforados, de los que 111 han sido condenados.

Además en la jurisdicción del Tribunal Supremo actualmente están siendo investigados medio centenar de políticos protegidos por el fuero privilegiado.

Las investigaciones han avanzado gracias a 57 acuerdos de colaboración con la Justicia firmados con reos a cambio de reducciones en sus respectivas condenas, según cifras actualizadas hoy. EFE