Santiago. Atendiendo la solicitud del Ministerio Público, fue declarado complejo y dictados 18 meses de prisión preventiva en contra de cinco personas arrestadas durante un allanamiento en el Night Casa Blanca, donde fueron rescatadas 40 mujeres de nacionalidad venezolana y cinco colombianas, que presuntamente eran explotadas sexualmente.
El Tribunal de Atención Permanente dictó la medida cautelar contra los dominicanos Juan Antonio Fernández Fernández, Grismelda Acarilis Merejo y del ciudadano venezolano Jolvert José Ramírez.
En tanto que contra los imputados María Magdalena Batista y Jairo Rafael Correa fueron dictadas como medidas de coerción una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
La imputación que se hace a los procesados, quienes se presume que formaban parte de una red dedicada a ese tipo de actividad ilícita, es de supuestamente incurrir en trata de personas con fines de explotación sexual, comercialización de mujeres con fines de explotación sexual y porte y tenencia de armas de fuego de manera ilegal. Además se les imputa el delito de lavado de activos ante el hallazgo de la suma de más de 11 millones de pesos en efectivo y 800 mil dólares.
Durante los allanamientos hecho por la Procuraduría Fiscal de Santiago junto con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, fueron confiscadas más de seis escopetas y dos pistolas de alto calibre, cuya capacidad de impacto permite penetrar las placas de chalecos antibalas.
Se informó que este caso es el resultado de una investigación llevada a cabo por más de seis meses, que aportó la identificación de la presunta red, que captaba, reclutaba, trasladaba y retenía a las mujeres para con ellas lucrarse a través de la explotación sexual. La operación inicia con el allanamiento en Casa Blanca y luego se hicieron los demás allanamientos de manera simultánea.
Ante el hallazgo de las mujeres, la Procuraduría General ha tenido contacto con las autoridades venezolanas y colombianas, iniciando las correspondientes investigaciones en cada país.
Las autoridades destacaron que la persecución por lavado de activos, no se limita a ilícitos vinculados al narcotráfico, sino, cualquier enriquecimiento que pueda demostrarse que se obtuvo fruto de una violación a las leyes.
En este caso, la explotación sexual, la comercialización, el ejercicio de la prostitución a través de intermediarios y en provecho económico de éstos mismos, genera ganancias que son susceptibles de persecución por la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
