Un caso muy delicado: Acusan estafar a 118 personas por RD$400 millones

Santo Domingo, República Dominicana. El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional presentará las conclusiones del juicio de fondo de la querella interpuesta por 118 personas por estafa por más de 400 millones de pesos contra Ramón Ernesto Prieto Vicioso y Miguel Horacio Mercado Ornes, presidente y vicepresidente de las financieras Corporación de Crédito (COCRETUR) y Préstamos Personales de Nómina (PRIMESA).

Francisco Bernardo Regino, uno de los querellantes, y el doctor Luis Miguel Rivas, uno de los apoderados del proceso, dijeron que Prieto Vicioso y Mercado Ornes están siendo juzgados junto a otros asociados por violar el artículo 408 Código Penal sobre abuso de confianza, los articulo 405 sobre estafa, 265 sobre asociación de malhechores, el 80 de la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 y los artículos 3 y 4 de la Ley de Lavado de Activos número 72-02.

Manifestaron que la citada estafa es similar a la del Banco Peravia y otros bancos, y dijeron que los querellantes esperan que la Justicia condene los crímenes de los imputados y contribuya a recuperar los depósitos realizados en las financieras COCRETUR – PRIMESA desde el 2005, así como resarcir los daños y perjuicios infligidos a los depositantes.

Explicaron que Prieto Vicioso y Mercado Ornes estuvieron accidentando el proceso que se hizo público el 17 de noviembre del 2011, hasta llegar a solicitar la extinción del mismo en noviembre pasado, lo que rechazó el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional, fijando el conocimiento del juicio a partir del día 3 de febrero del 2016.

Regino y Rivas señalaron que al finalizar el mes de junio del 2012, las querellas en manos de la Fiscalía sobrepasaban los RD$400 millones sólo por los depósitos. Al sumarse los intereses no pagados desde febrero del 2011 hasta junio del 2016, la cifra se estima alrededor de los RD$900 millones.

Adujeron que los querellantes por la vía penal suman 118, conforme al Auto de apertura a juicio del 9 de mayo del 2014. Otro grupo de depositantes inició procesos por la vía civil, lo que incrementa el monto demandado por los afectados.

Explicaron que la Compañía Financiera de Créditos y Turismo SA (Cocretur) presentó a la Superintendencia de Bancos y publicó sus estados financieros auditados por Campusano & Asociados al 31 diciembre 2010 (El Nuevo Diario, 30 marzo 2011, p. 12B), declarando RD$43.9 millones de activos, RD$18.1 millones de pasivo y RD$24.8 millones de patrimonio neto.

Indicaron que los RD$400 millones de pesos de los certificados que soportan las querellas representan 22 veces los pasivos que declararon los ejecutivos de Cocretur en sus estados, por lo que la estafa que afecta a los depositantes se extiende a las autoridades financieras y a las fiscales.

Regino y Rivas expusieron que Cocretur, Copretur y Primesa (Prieto-Mercado SA) y sus ejecutivos no sólo han engañado a sus depositantes, sino también a la Autoridad Monetaria y Financiera, al Banco Central (encaje legal), la Superintendencia de Bancos (supervisor de las EIF), y a la DGII (declaración y pagos de impuestos).

“En el curso de los 5 años que lleva el proceso, de las empresas vinculadas al presidente Ramón Ernesto Prieto Vicioso, la dedicada a actividades de negocios inmobiliarios denominada Promotores de Desarrollo Portillo SA, ejecutaba con una inversión de 50 millones de dólares el proyecto El Portillo Beach Club & Camp en Samaná, el cual fue embargado y puesto en pública subasta por los bancos acreedores el pasado año».

Señalaron que otras empresas vinculadas a Ramón Prieto Vicioso del área de turismo y transporte son Rutas Transporte Turísticos SA., Prieto Tours, Relia SA, Tours Groups Travel, Dominican Golf Experience, etc., a más de las de servicios financieros Cocretur, Primesa, Copretur y Turmovil, involucradas en la multimillonaria estafa financiera, entre otras.

Los demandantes expresaron su queja por la lentitud del proceso desde su fase de instrucción, por los continuos aplazamientos, los cuales dieron oportunidad a los imputados para el ocultamiento de sus activos, por falta de medidas cautelares.

Recordaron que nunca se recibió respuesta de la primera querella presentada ante la Superintendencia de Bancos con fecha 5 de agosto del 2011, que puso de manifiesto el incumplimiento y las irregularidades de COCRETUR – PRIMESA y sus ejecutivos, en el pago de los intereses, devolución de los depósitos y el cese de los pagos desde marzo del
2011.