Caracas, Venezuela. «Usted sabrá qué hizo», le dijeron a Eva Belloso al notificarle su despido de una entidad pública en Venezuela. La verdadera razón, dice, fue haber firmado por un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Ella es uno de los 1.250 empleados estatales destituidos por respaldar la consulta promovida por la oposición, según el sindicato UNETE, que denunciará esos casos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
«Estamos solicitando la intervención inmediata del director general de la OIT (Guy Ryder)», dijo a la AFP la coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), Marcela Máspero.
Aduciendo que se trata de una «discriminación laboral», los denunciantes buscarán ante la OIT la restitución de los funcionarios.
«Había estado toda mi vida profesional en el Seniat (autoridad aduanera y tributaria)», expresó Belloso, una abogada de 51 años, de los cuales pasó 24 en la institución.
«No merecemos que después de 20, 25, 30 años nos echen por haber ejercido nuestros derechos», se lamentó.
Una historia similar relata Miguel Monsalve, separado de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) tras 12 años de servicio.
«No nos dieron razones, pero cuando comenzamos a comunicarnos entre los trabajadores despedidos, todos teníamos un denominador común: habíamos firmado» por el revocatorio, sostuvo.
Máspero aseguró que la situación se repite en Sidor y Venalum, las llamadas empresas básicas de Guayana que producen hierro y aluminio, mientras la organización de derechos humanos Provea advirtió sobre la destitución de policías.
En Venezuela hay unos dos millones de empleados públicos.
Las denuncias se anexarán a un expediente abierto al gobierno venezolano en la OIT por una queja interpuesta en la última reunión del ente, a comienzos de junio en Ginebra (Suiza), por motivos distintos al revocatorio.
Respaldado por las tres mayores centrales sindicales del país (UNETE, CTV y CGT), ese recurso ya daba cuenta de supuestas violaciones a la libertad sindical, falta de medidas para la protección del salario y discriminación política.
«Todas las piezas encajan»
En mayo, Diosdado Cabello, número dos del chavismo, llamó a revisar «firma por firma» en busca de funcionarios con cargos directivos, que en Venezuela son de libre remoción, que hubieran suscripto el pedido de referendo revocatorio.
«Si hay escuálidos (opositores) infiltrados y quedan al descubierto, tienen que irse», advirtió Cabello. Eva afirma que, escuchando a Cabello, «todas las piezas encajan».
Ante las denuncias, el Parlamento, de mayoría opositora, aprobó el 30 de junio una moción de condena a los presuntos despidos de funcionarios públicos.
No es la primera vez que esto ocurre, afirma la dirigente sindical Marlene Sifontes, al recordar que en 2004 el diputado chavista Luis Tascón, fallecido en 2010, publicó en internet un listado con los nombres de 2,4 millones de personas que firmaron a favor de un revocatorio contra el presidente Hugo Chávez (1999-2013).
En aquel momento se desató una ola de despidos en entidades estatales, añadió Sifontes.
Esta vez, el Consejo Nacional Electoral (CNE) difundió en su web la identidad de quienes firmaron por el referendo contra Maduro, para que supieran si podían avanzar al siguiente paso: autenticar su rúbrica.
«Lo que ayer hizo el gobierno con la ‘lista Tascón’, hoy lo está reviviendo», expresó Sifontes.
«Aquí no se persigue»
Pero el gobierno niega las supuestas represalias. «Eso nunca se ha hecho, si alguien conoce bien la administración pública (sabe que) tiene un nivel de protección bien amplio, difícilmente puede ser despedido, y mucho menos por una causa política, porque aquí no se persigue», señaló a la prensa el ministro de Trabajo, Oswaldo Vera.
Sin embargo, consideró válido debatir el planteamiento de Cabello. «Si yo no comparto el criterio de esta empresa (…) ¿cómo tú le puedes poner el empeño?», argumentó.
Pero los sindicatos insisten en que hay una campaña de intimidación. «Nos corresponde a las centrales sindicales cuidar la participación política de todos los trabajadores. Quien quiera firmar, que firme. Quien no quiera, que no firme», advirtió Máspero.
El CNE anunciará el martes 26 de julio si la oposición logró validar unas 200.000 firmas para activar el referendo. De ser así, tendrá que recoger cuatro millones de rúbricas para que se convoque a la consulta.
«Hay temor, pero sé que hay muchos compañeros en Corpoelec que han dicho que van a firmar (en la siguiente etapa) y si los botan, que los boten», aseguró Monsalve.
