Santo Domingo, República Dominicana. Tras la donación de medicamentos se esconde un lucrativo negocio que se presta para la venta de fármacos que son puestos en el mercado prácticamente vencidos en perjuicio de la salud de la población.
Esta situación está causando muchos dolores de cabeza a las autoridades sanitarias, quienes están inmersas en la elaboración de un reglamento para el Sistema Nacional de Farmacovigilancia y el de buenas prácticas y almacenamiento, que busca, entre otras cosas, poner control al tema de la donación de medicamentos.
Así lo reveló la directora de la Dirección General de Alimentos, Medicamentos y Productos Sanitarios (Digemaps), Karina Mena, quien explicó que muchos de estos medicamentos entran al territorio nacional casi vencidos y posteriormente son reetiquetados y puestos a la venta.
Dijo que para hacer frente al comercio ilícito de medicamentos, la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, ordenó la reactivación de una comisión interinstitucional compuesta por la Dirección General de Aduanas, la Procuraduría General, la Policía y la DNI, que ordena la notificación inmediata una vez se detecte alguna irregularidad en las Aduanas.
Asimismo, se ha reforzado la vigilancia y supervisión en los puertos con un nuevo personal sanitario, con formación en farmacéutica, tecnología de alimentos, ingenieros industriales. “Esta gente nueva se capacitó y se está incorporando en los puertos. Todavía no tenemos en todos los puertos, sino que clasificamos por niveles de riesgo, por volumen de tránsito de mercancía hemos priorizado a Caucedo, Haina, las Américas, Santiago, Punta Cana y el paso fronterizo de Dajabón”.
Mena explicó a reporteros del periódico El Caribe que desde 2014, tras la creación de una Procuraduría Especializada en Salud, cuentan con un cuerpo de fiscales que acompañan en todos los procesos, para evitar la burocracia que entorpezca el procesamiento judicial de los imputados. Manifestó que ahora los tribunales son más sensibles cuando se trata de ilícitos de medicamentos, ya que antes la medida de coerción era una simple sanción que se limitaba al pago de una multa, “ahora la respuesta es distinta, es prisión preventiva. Ahora la gente va a pensar mucho antes de cometer un ilícito, porque sabe que va a ir a la cárcel, eso fortalece la lucha contra el ilícito”, indica.
Sostuvo que anteriormente en el área de supervisión de alimentos no participaba el Ministerio Público y se limitaban a dejar las actas de cierre y colocar el letrero de cierre, “ahora no. Vamos con el Ministerio Público y la Policía, vamos, cerramos, decomisamos equipos y sometemos”.
Puso como ejemplo el caso de una procesadora de agua que fue cerrada y a los pocos días sus propietarios pintaron el local y siguieron vendiendo, “entonces tuvimos que ir con la Policía y nos llevamos los equipos, hicimos un cierre definitivo porque violó la disposición de cierre transitorio y vamos a ir a los tribunales para que paguen”, afirmó. Añadió que en lo que va de año, sólo en San Pedro de Macorís, se han cerrado 23 plantas procesadoras de agua.
Durante un encuentro con periodistas para explicar el proceso de separación de funciones y descentralización que vive Salud Pública, en aras de fortalecer su rol rector, la ministra de Salud Pública aseguró que no recibe presión de ninguna índole cuando se efectúa el cierre de algún establecimiento porque se han ido fortaleciendo los canales institucionales.
