Estados Unidos. Nadie se explica cómo pudo ocurrir tal confusión, pero así fue: una dominicana demandó al sistema penitenciario de Miami porque fue confundida con un hombre y enviada a una celda masculina.
La abogada dominicana Fior Pichardo de Veloz, madre de tres hijos, fue arrestada en noviembre de 2013 por un asunto vinculado al narcotráfico y encerrada en una celda con 40 hombres que la acosaron y amenazaron de violación durante diez horas.
De acuerdo a la demanda presentada esta semana en un tribunal federal de Miami, una evaluación médica al momento de su arresto determinó que Pichardo tenía «características de hombre no tradicionales».
Consultados por la AFP, los abogados de la dominicana de 54 años no explicaron cuáles eran estas supuestas características.
Tres enfermeros del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Miami-Dade la examinaron y determinaron que Pichardo era un hombre, indica la demanda obtenida el jueves por la AFP.
Luego, tres oficiales de la prisión la reclasificaron como hombre, dado que inicialmente había sido identificada como mujer, y ordenaron su transferencia a una celda masculina.
«Tras la ‘examinación’ de parte de una enfermera del condado de Miami-Dade, se determinó que Pichardo tenía órganos reproductivos masculinos y fue enviada a una instalación de hombres. Esta identificación fue escandalosamente errónea», escribieron los abogados en la demanda.
«Pichardo es muy femenina y carece de cualquier característica que pueda remotamente confundirse con la de un hombre», añadieron.
Al ser confinada a una celda con otros 40 reos, fue sometida a acosos, abusos y posible violaciones. De acuerdo a la demanda, un oficial de la prisión le dijo en español, cuando la encerró: «Suerte si te veo viva mañana».
Luego se vio forzada dos veces a que la examinaran y le fotografiaran las partes íntimas. Finalmente fue enviada a una celda solitaria, donde temió por su vida cuando los guardias hombres la obligaron a desvestirse, la miraron lujuriosamente y la fotografiaron de formas denigrantes.
Cerca de diez horas después de esta dura experiencia, las autoridades penitenciarias reevaluaron su caso y reconocieron su error.
«Pichardo sigue sufriendo angustia emocional, miedo por su vida, desesperanza, miedo por su seguridad y miedo a ser violada», señala la demanda.
Además la abogada, que es funcionaria pública en su país, fue públicamente humillada tras la divulgación de su experiencia, añade el texto.
Bajo cargos de privación de sus derechos constitucionales, negligencia y violación de la privacidad, Pichardo pide una compensación de 750.000 dólares.
Al cabo de unos meses, las autoridades le levantaron los cargos y la mujer volvió a República Dominicana, donde reside.
