Santo Domingo, República Dominicana. Una de las instituciones que ha ganado mayor aceptación en los últimos años en el país, ha sido El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, esta dependencia del Estado fue creada en el año 2005 con el objetivo de proteger a los consumidores locales de los abusos que se cometen desde el sector privado.
Se ha logrado avanzar, ya que muchas denuncias han encontrado soluciones, a pesar de las dificultades, el consumidor de hoy está más educado y mejor informado, lo que le hace reclamar mejor sus derechos.
Pero a pesar del gran avance logrado por la anterior gestión de Altagracia Paulino, la nueva administración quiere seguir la mala practica adoptada por la exfuncionaria en la que se denunciaba y se alertaba sin indicar a la población los nombres de los comercios, empresas, productos o personas que engañaban a sus clientes.
Recordamos el caso de los embutidos con heces fecales, las denuncias de las baterías adulteradas que se vendían como nuevas, las falsas ofertas del viernes negro, y a la lista se suma una leche en polvo de baja calidad que se vende a la población dominicana, todas esas denuncias coinciden en un punto que viene siendo la mayor debilidad de esa institución. Todas esas denuncias coinciden en el mismo punto, no se ofrece el nombre de la marca, producto o servicio, tampoco se dan los nombres de los establecimientos ni de los empresarios que la introducen al mercado.
Si ProConsumidor no puede ofrecer esa información lo correcto es que guarde silencio ya que da a entender que no sabe de lo que está investigando o que protege al sector empresarial que está causando el mal.