Seúl, Corea del Sur. Roh Young-Hee se plantea echar el cerrojo a su restaurante chic de Seúl, porque dejará de ser rentable con la nueva ley antisobornos y anticorrupción.
A partir del miércoles, los funcionarios, los profesores del sector privado y los periodistas no podrán aceptar una comida de más de 30.000 wones (24 euros).
«El número de reservas ya ha caído debido a que los clientes tienen miedo de que los pillen», declara a la AFP la dueña de Poom Seúl.
«En el mundo hay menús de todos los precios. Pero está claro que con 30.000 wones, no se puede cocinar un menú coreano decente», protesta.
La nueva legislación trata de atajar la corrupción en Corea del Sur, donde es bastante común intentar corromper a un profesor para que suba las notas de un hijo u obsequiar a periodistas por una publicidad. Los hombres de negocios también saben cómo conseguir que los funcionarios reduzcan los plazos administrativos.
Los profesionales de la restauración intentan adelantarse a las consecuencias.
«En vez de cocinar carne de res coreana, que es cara, usamos buey importado de Estados Unidos en nuestro nuevo menú nocturno a 29.800 wones», explica Han Yoon-Joo, responsable del restaurante Condu.
Tres años de cárcel
La ley prohíbe a los periodistas, funcionarios y profesores recibir obsequios por un valor superior a 50.000 wones, y limita a 100.000 wones los regalos en metálico con motivo de bodas y funerales.
Los que acepten presentes de más de un millón de wones se exponen a tres años de cárcel, o al pago de una multa de 30 millones de wones.
Los grandes almacenes han adaptado el valor de los regalos y el precio de la entrada para jugar al golf se ha desplomado.
Hasta ahora casi nunca se reprimía este tipo de corrupción ante la dificultad de demostrar que los regalos fueran a cambio de un favor y no por pura generosidad.
En 2010, un empresario contó en televisión a unos periodistas de investigación que acostumbraba a agasajar a 57 magistrados, invitándolos a restaurantes o pagándoles prostitutas.
En 2011 se investigó a una magistrada acusada de haber recibido de un abogado un sobre con dinero, bolsos de marca y un coche de gama alta. Los dos casos se archivaron por falta de pruebas.
Recompensas
Muchas organizaciones se han felicitado por la nueva ley anticorrupción, y esperan que propicie la transparencia.
«Muchos se lo pensarán dos veces antes de aceptar dinero o un regalo», pronostica Lee Eun-Mi, responsable del Centro para la vigilancia de la administración en la oenegé Solidaridad Popular para la Democracia Participativa.
«La ley prevé que los lanzadores de alerta reciban hasta 200 millones de wones de recompensa, y esto puede tener un efecto disuasorio para aquellos que se vean tentados de corromper», añade.
Otros advierten de los efectos nefastos de la normativa, como la Asociación de periodistas de Corea.
«Observaremos estrechamente si las autoridades intentan aprovecharse de la ley aplicándola de forma arbitraria para amordazar a los medios de comunicación y obstaculizar su capacidad para obtener información», informa la asociación en un comunicado.
Otras voces consideran que la legislación sólo intenta aplacar el descontento de la opinión pública y hay quien afirma que algunas de las disposiciones podrían ser anticonstitucionales.
«La represión puede ser útil a corto plazo. Pero a largo plazo, lo que cuenta es educar» sobre las consecuencias de la corrupción, declaró Kim Young-chul, presidente de la Asociación para los estudios sobre la política anticorrupción.
