El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentará el presupuesto nacional de 2017 ante la justicia, obviando al Parlamento, de mayoría opositora, en una maniobra que golpea al Poder Legislativo pero que puede traer graves consecuencias de cara a los mercados internacionales.
Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), publicada este miércoles, estableció que “el presupuesto nacional deberá ser presentado por el presidente de la República ante la Sala Constitucional (del TSJ), bajo la forma normativa de Decreto que tendrá Rango y Fuerza de Ley”.
Pese a ser una decisión de la máxima instancia judicial del país, diputados opositores sostuvieron que va en contra de la Constitución y alertaron que, de concretarse ese procedimiento, el gobierno se verá impedido de contraer deuda.
“No hay, ni por estado de excepción ni por decreto de emergencia, posibilidad de que Maduro se haga su propio presupuesto“, aseguró Julio Borges, jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, oposición).
Por su parte, José Guerra, presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, hizo un llamado de “alerta a los bancos de Venezuela, a los bancos del exterior, a los bancos de inversión, que se van a tener que abstener de otorgar financiamiento a un gobierno que está cometiendo una ilegalidad”.
El tribunal fundamentó su decisión en “el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional”.
También sostuvo que la medida responde al “desacato que voluntariamente mantiene un grupo mayoritario de diputados que actualmente integran la Asamblea Nacional, respecto de sentencias del TSJ y de la Constitución, así como también en el Estado de Excepción y Emergencia Económica”, en vigor desde marzo pasado.
La corte acusa a la directiva de la Asamblea Nacional de encontrarse en desacato por haber juramentado a tres diputados indígenas de oposición, cuya elección fue objetada por el chavismo.
El TSJ, al que la MUD acusa de estar al servicio del gobierno socialista, ha bloqueado todas las iniciativas del Parlamento, dominado desde enero por la oposición y por primera vez en 17 años de hegemonía chavista, lo que ha enfrascado al país en una profunda crisis institucional.
La oposición venezolana impulsa un referendo revocatorio contra Maduro y este miércoles hizo una suerte de simulacro de la jornada que se realizará el 26, 27 y 28 de octubre de recolección de cuatro millones de firmas necesarias para convocar la consulta.
Efecto sobre los mercados
“Creo que se le hace un daño muy grande al país. Lo mejor hubiese sido que el gobierno hubiese llevado la ley del presupuesto y la ley de endeudamiento al Parlamento, y nosotros le hacemos las modificaciones pertinentes y se lo aprobamos”, dijo Guerra.
Así, se habría evitado “lo que lamentablemente va a pasar en 2017 y es que se va a trancar el financiamiento interno y externo, porque nadie va a adquirir un bono de la deuda pública nacional si no está en la ley de endeudamiento que tiene que aprobar la Asamblea“, añadió.
La decisión del tribunal “menoscaba las facultades de la Asamblea Nacional y genera cada vez más desconfianza sobre Venezuela”, consideró el analista económico Jesús Casique.
“Será mal visto por los mercados y va a afectar el nivel de riesgo país de Venezuela, que es de los más altos del mundo”, apuntó Casique.
Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero afectada por el desplome de los precios del crudo, atraviesa una severa crisis económica y social, con una inflación anual estimada por el Fondo Monetario Internacional en 475% y una contracción del PIB del 10% para este año.
Sin embargo, desde 2004, el FMI no ha podido enviar más su misión de evaluación a Venezuela y reconoce que debido a ello pronosticar el desempeño de su economía es “complicado”.
Desde diciembre de 2014, el Banco Central de Venezuela dejó de publicar de manera regular los principales datos económicos. Las últimas cifras de 2015 las divulgó en enero pasado.
Sobre ese punto, Casique cuestionó que se pueda elaborar un proyecto de presupuesto para 2017 si aún el Banco Central no divulga las cifras de 2016.
“Se trata de presupuestos que carecen de basamento técnico. En el de 2016, se dejó en blanco el estimado de Producto Interno Bruto. Son presupuestos políticos, no presupuestos económicos”, aseguró.
Y en ese mismo tono, Guerra criticó que el TSJ, “que no está facultado para ello, que no tiene nociones de finanzas públicas, apruebe un presupuesto nacional”.
