Una auditoría practicada a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras de Estado (OISOE) durante la gestión de su exdirector, Miguel Pimentel Kareh, respecto a los trabajos de reparación y equipamiento del hospital docente universitario Dr. Darío Contreras, arrojó irregularidades durante el desarrollo de la obra, entre ellas pagos de partidas con precios alzados sin evidencia de los detalles correspondientes, rehabilitación de áreas sin evidencias de la aprobación por el Ministerio de Salud Pública y partidas con volúmenes cubicados no ejecutados.
El informe legal elaborado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, entre el primero de enero de 2013 y el 28 de mayo del 2014, identificaron partidas con volúmenes cubicados y no ejecutados ascendentes a RD$ 4 557 087, entre la entidad estatal y el contratista Proyecciones LUXOR, S.R.L, una empresa relacionada a Ferdinando Lamarche Khoury, quien ha sido altamente cuestionado debido a su vinculación con Pimentel Kareh.
Lamarche Khoury no es un desconocido en lo que a contratos se refiere. En un trabajo publicado por Acento, bajo la firma del periodista Fausto Rosario Adames, se explicó la relación económica que afecta transparencia de OISOE.
En dicho trabajo periodístico, se señala que el 8 de julio del 2013 Miguel Pimentel Kareh firmó un contrato con Ferdinando Lamarche Khoury como representante de Tokessa Investment para la instalación de gases médicos del Darío Contreras, por 48.8 millones de pesos. La segunda oferta recibida para esta licitación fue de la empresa Proyecciones Luxor, que quedó eliminada por hacer una oferta de 50.1 millones de pesos. Ambas empresas están vinculadas a Lamarche Khoury.
También halló una enmienda que excede el 25 por ciento del monto establecido en el primer contrato, suscrito en el 2013 la OISOE con la empresa Proyecciones Luxor, S.R.L, por un monto de RD$ 888 522 148 para la remodelación, adecuación de espacios y equipamiento del hospital, identificandose que posteriormente fue suscrita una enmienda por un valor de RD$ 813 131 896 (para un total de RD$ 1 700 millones), la cual presenta un exceso de RD$ 591 501 359, equivalente al 67 por ciento por encima del porcentaje correpsondiente.
Otra debilidad o irregularidad fue el pago de partidas con precio alzado sin evidencia de los detalles correspondientes, por un monto de RD$ 7 948 961, por concepto de remodelación, adecuación de espacios y equipamiento del hospital.
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El informe también pone en evidencia la aprobación de los planos de obra sin evidencias de las aprobaciones correspondientes y rehabilitación de áreas sin evidencias de la aprobación por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Un ejemplo de esto es la incorrecta ubicación de la morgue y área de servicio de alimentación y nutrición, las cuales fueron construidas en lugares contiguos y no adecuados.
En este aspecto, la Cámara de Cuentas, en su informe señala que las disposiciones de las Normas de Habilitación y Requerimientos para la Instalación y Funcionamiento de Centros con Internamiento, de fecha marzo del 2005, emitidas por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (actualmente Ministerio) expresa “que el servicio de Alimentación y Nutrición, dependencia donde se organiza, planifica y preparan alimentos, debe estar ubicada lo más independiente posible de manera que no reciba influencia de ningún otro servicio ni interfiera con otros, para evitar contaminación”.
También expone que “debe tener ventilación adecuada para salida del humo, olores y otros residuos. Los enseres, equipos y facilidades estarán acorde con las condiciones necesarias y exigencias del establecimiento”.
Mientras que en lo que se refiere a la morgue, Salud Pública explica de forma clara que estas “deben reunir estrictas condiciones de higiene y de limpieza”, además de que “estarán lo más separadas posible de los servicios del establecimiento”.
Dadas las anomalías expuesta en el informe, la opinión legal es que se proceda a observar las disposiciones de los artículos 47, 48 y 54, de la Ley 10-04, sobre la Cámara de Cuentas, en lo que se refiere a la responsabilidad administrativa, civil y directa de los servidores de las entidades y organismos del sector público sujetos a la normativa.
Este informe fue remitido al Ministerio de Salud Pública, al director y exdirector del hospital Darío Contreras. De igual forma al director de la OISOE, a la Contraloría General de la República, a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), así como a cualquier organismo contemplado en la Ley, a efecto de que observen las disposiciones de los artículos 46, 47, 48 y 54 de la Ley 10-04, para que procedan con las medidas pertinentes. Pero también se le envió a Miguel Pimentel Kareh, quien replicó a la Cámara de Cuentas a través de una nota de prensa remitida a los medios y que destaca los hallazgos de la auditoría.
Fuente Acento.com.do/ Samuel Tapia
