El informe de auditoría que la Cámara de Cuentas realizó a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) para el período 2010-2013, que corresponde a las obras ejecutadas en la región Sur, reveló una serie de irregularidades que de no ser corregidas exponen a que los recursos económicos invertidos sean utilizados incorrectamente.
Las observaciones de la Cámara fueron acogidas por el actual director de la OISOE, Francisco Pagán, y el exdirector Luis Sifres, a los fines de aplicarlas en lo adelante, y continuar fortaleciendo el sistema de control interno de la entidad estatal.
En tanto que el exdirector de esa dependencia, Miguel Pimentel Kareh reconoció que algunos contratos de las obras auditadas no se suscribieron durante su gestión.
De acuerdo con la investigación especial practicada a las obras a cargo de la OISOE desde el 1ro de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2013, cuyo monto total asciende a RD$8,704,724,844 hubo muchas debilidades por omisión o incumplimiento de políticas y procedimiento.
“Esas debilidades deben ser superadas, ya que su permanencia expone sus recursos a que sean aplicados en forma incorrecta, afectando el desarrollo institucional y comisión de errores en detrimento del logro de sus objetivos institucionales”, refieren los auditores.
Los auditores explicaron que a través del análisis de las obras ejecutadas pudieron verificar que las adendas a contratos superaron el 25% del monto inicial, representando un diferencial de RD$225,939,834.
También señalan que mediante revisión a los expedientes se identificaron cinco obras en que su primera cubicación superó el 80% de los avances otorgados, para una diferencia de RD$5,265,515.03.
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Se evidenció que en los archivos de obras no aparecen los estudios previos a la ejecución de las mismas, tampoco documentación que establezca que se hicieron estudios de impacto medio ambiental y mucho menos la aprobación de los planos de las obras por los organismos correspondientes.
De igual modo la ausencia de la póliza de garantía de avance o anticipo de los contratistas, oferentes o adjudicatarios y la ausencia de documentos respecto a la garantía de cumplimiento de los contratos.
