La directora de la Defensa Pública, Laura Hernández, afirmó este jueves que la medida coercitiva para imputados de llevar un brazalete puesto «constituye una medida discriminatoria para quienes no pueden acceder a ella por no contar con recursos «, lo que violenta el principio de igualdad ante la ley.
La doctora Hernández al participar en el panel Los Localizadores Electrónicos como Medida de Control Alternativa a la Prision Preventiva», sostiene que se debe crear un mecanismo de subsidio para aquellos menos favorecidos económicamente, ya sea mediante un fondo estatal o diferenciando los costos, entiéndase que quienes tienen recursos paguen un monto mayor que compense a los que no tienen.
Informó que el costo de este dispositivo para el Imputado es de 2 mil 92 dólares por tres meses o 3,200 dólares y 531 dólares por mes al que le conceden esa medida lo que «pasa a ser un lujo para quienes tienen y cuentan con recursos económicos». «Quien desee estar en libertad debe pagar el costo del privilegio de estar libre , lo cierto es que la medida se constituye en discriminatoria para quienes no pueden acceder a ella por no tener recursos para costearlo».
Ante la situación plantea crear las bases con las empresas prestadoras de servicios y para aquellas personas de escasos recursos económicos se puedan cubrir los costos con una aseguradora, utilizando mecanismos simular utilizados para las fianzas mediante una prima de pago. De igual forma la directora de la Defensa Pública dijo qué hay que hacer conciencia de que se puede llevar a cabo procesos sin presos y que la libertad en los casos que proceda , es la regla no la excepción.
Fuente El Nuevo Diario/ Liliam Mateo
