Los empresarios buscarán la libertad del transporte en RD

El sector empresarial espera hoy la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre el recurso de amparo presentado por el CONEP y 90 empresas y asociaciones dominicanas para urgir al Estado a poner fin a los abusos y a las prácticas anticompetitivas en el sector por parte de los sindicatos y confederaciones afines.

Tras más de 50 años bajo el yugo de los transportistas; ciudadanos y empresas han unido sus esfuerzos para erradicar una práctica abusiva y conseguir avanzar hacia mayores niveles de prosperidad, erradicando una situación enquistada por décadas. La histórica estructura de abuso de posición dominante en el sector transporte limita la capacidad de entrada de otras empresas que puedan ofertar un servicio a pasajeros y empresas a precios competitivos, lo que se traduciría en una mejora de costos de producción y un aumento salarial indirecto, derivado de la reducción de costos del pasaje.

República Dominicana vive sumida en la impotencia de no poder ofertar, en condiciones de igualdad con otros países, proyectos atractivos que promuevan la inversión extranjera directa, la cual es imprescindible no solo para el crecimiento económico, creación de puestos de trabajo, sino también para la estabilidad cambiaría y presupuestaria del país. Además, la fijación directa de precios que tiene el manejo exclusivo en el sector transporte impacta de manera directa en la estructura de costos de los bienes y servicios que el país puede ofrecer y limitadrásticamente la capacidad de ser competitivos.

El reclamo del sector empresarial y la sociedad civil, a través del amparo, persigue también que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir el transporte que más les convenga sin ser obligados a utilizar vehículos que no poseen ni las más mínimas condiciones de seguridad ni comodidad. En concreto, se pide que el TSA exija a las organizaciones del Estado que cumplan con sus funciones, establecidas por ley, para asegurar mínimos de calidad en la prestación del servicio, evitar las confrontaciones entre los sindicatos por el control de las rutas y asegurar que cualquier persona o empresa capacitada para incursionar en el transporte pueda hacerlo sin estar obligado a afiliarse a un sindicato de transportistas.

El recurso, ante el que la sociedad está expectante, no es una demanda al Estado dominicano, sino un esfuerzo de todos –empresariado y sociedad civil- de apoyarlo a dar cumplimiento a nuestro marco jurídico, base del Estado Social de Derecho. De esta forma, las instituciones accionadas tienen ante sí la oportunidad, no solo de cumplir y hacer cumplir las leyes, sino también de organizar un caos generado por décadas de indiferencia y permisividad.

Ante la falta de normativa regulatoria, se reclama ahora dictar una normativa que garantice la libre competencia en materia de transporte terrestre de carga. En concreto, la norma debería fijar mecanismos que prohíban e impidan el establecimiento de cualquier tipo de federación para acordar precios o tarifas para todas las modalidades de transporte. Asimismo, se debe ordenar el retiro y eliminación de cualquier tipo de control de acceso o puesto de chequeo y verificación, establecido por prestadores del servicio de transporte, en los puertos, parques industriales, hoteles y establecimientos comerciales.

Al mismo tiempo, se pide ordenar la eliminación de cualquier sistema implementado para impedir el acceso a las empresas no sindicadas del transporte de carga que desean prestar este servicio o que desean retirar por sí mismas sus mercancías de los muelles y puertos del país.