El abogado experto en Derecho Constitucional Namphi Rodríguez consideró que el Congreso “hizo como el avestruz y enterró la cabeza” para no debatir la razonabilidad de la declaratoria de Estado de emergencia constitucional en 15 provincias del país, con lo cual se relaja el trámite para el pronunciamiento de los Estados de excepción asimilándolos a simples poderes administrativos al presidente de la República.
Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, dijo que los congresistas ni siquiera discutieron cuáles deberían ser los límites de la acción del Poder Ejecutivo, para así reforzar el control sobre la declaración de Estado de emergencia.
Observó que en el país no se ha entendido la ley aprobada ayer por la Cámara de Diputados, porque se asimila a simples potestades administrativas al Presidente para compras y contrataciones, perdiendo de vista que una vez promulgada la ley el mandatario queda habilitado para suspender por decreto derechos fundamentales como libertad de expresión, derecho de reunión y asociación en las provincias afectadas.
“El Estado de emergencia constitucional es un Estado de excepción para desastres no políticos, que junto a los Estados de defensa y de conmoción interior, implican una negación temporal de la Constitución”, dijo.
El jurista puntualizó que, cuando entre en vigencia la ley, el presidente Danilo Medina tendrá que ir ejerciendo “una graduación” del Estado de emergencia, a fin de evitar que se supriman derechos de forma innecesaria.
“El artículo 266 de la Constitución prescribe que en los Estados de conmoción interior y de emergencia se podrán suspender derechos como necesidad de orden judicial para la reducción a prisión, la privación de libertad sin causa, el hábeas corpus y la libertad de expresión, entre otros”, puntualizó.
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Igualmente, señaló que corresponderá al Tribunal Constitucional ejercer una defensa jurisdiccional de la Constitución para controlar los poderes excepcionales otorgados al mandatario.
“Aunque la Constitución y la ley expresan que el Presidente debe rendir cuentas ante el Congreso de sus actos, veo la facultad de fiscalización del Congreso muy debilitada, por la forma en que aprobaron la ley sin debates”, advirtió.
Rodríguez adujo que esa situación extraordinaria no se debería dejar al “soberano arbitrio” del Poder Ejecutivo, como pasaba en Venezuela con el Estado de emergencia económica que declaraba el presidente Maduro.
