El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió hoy el recurso de amparo interpuesto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), contra varias instituciones del Estado por el presunto monopolio en sector transporte.
Indica el periódico El Nuevo Diario que Juan Hubieres sufrió un desmayo tras conocer el fallo.
Este fallo ordena a los ministerios de Trabajo, Industria y Comercio, Defensa, Interior y Policía, y Turismo; la Policía Nacional y la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, cumplir con las obligaciones legales y administrativas previstas en la ley, a fin de erradicar prácticas anticompetitivas existentes en ambos sectores.
Con este fallo, el Conep y 90 empresas y asociaciones buscan acabar con el dominio desmedido de las diferentes “sindicatos” que controlan el transporte en el país.
Se recuerda que el TSA conoció el recurso de amparo elevado por el Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep) que persigue eliminar el alegado monopolio que mantienen los “sindicatos” sobre el transporte de carga y pasajeros.
La Segunda Sala del tribunal, formada por los jueces Diómedes Villalona, Evelin Torres y Alina Mora, tomó la decisión de fallar a favor de los empresarios.
Los representaron legales del empresariado, encabezados por Eduardo Jorge Prats, presentaron los documentos que, desde su punto de vista, dan base a su planteamiento.
El TSA había iniciado la audiencia de ayer e miércoles tras un reenvío realizado la semana pasada, cuando los jueces rechazaron declararse incompetentes para conocer el recurso del Conep, deliberar sobre el pedimento de varios gremios del transporte de diferentes pueblos del país que intervinieron en forma voluntaria y solicitaron al tribunal declararse incompetente.
Los transportistas recusaron al tribunal en pleno bajo el alegato de que no garantizan la imparcialidad del conocimiento del recurso.
Alegaron que si el tribunal ampara a los empresarios estaría violando derechos particulares sobre las rutas que operan y que se trata de una decisión que debería tomarse en sus respectivas jurisdicciones por el Ministerio de Trabajo o un tribunal civil.
