La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, demandó que el Poder Ejecutivo disponga de una auditoría legal, financiera y técnica del proyecto de construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, sobre la que se vierten diversos cuestionamientos.



Solicitó la documentación existente a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en virtud de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04, que fija un plazo máximo de 30 días para la entrega.

Raful inquirió: “sobre Punta Catalina, la sociedad precisa le sea aclarada, desde emisión ilegal de bonos, violación de la ley de presupuesto, sobreestimación de los ingresos, riesgo ambiental, así como su ejecución por la empresa Odebretch, en proceso investigación por el caso de corrupción Lava Jato en Brasil”.



Citó la diferencia de $16,850 millones de pesos en bonos, excediendo el monto autorizado por la Ley No. 331-15, por un valor de RD$125,950 millones; sin embargo, dijo que el gobierno han ejecutado RD$142,800 millones, al 30 de octubre”.

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“Como la violación a la Ley de Presupuesto, al traspasar sin aprobación del Congreso, la suma de RD$10,953 millones asignados a una institución específica, a los proyectos de Punta Catalina y la segunda línea del Metro de Santo Domingo”, añadió.

La legisladora dijo que el Ministerio de Hacienda habla de baja en los ingresos, mientras anteriores declaraciones gubernamentales propalaron su aumento.

Consideró que “el gobierno oculta un déficit real estimado en RD$140,000 millones, 4.19% del PIB, y nos quiere convencer de que solo es de 2.27% del PIB, unos RD$75,893 millones”.

“A la mala calidad del gasto del gobierno de Danilo Medina con nóminas abultadas, nominillas, viáticos, empleados del servicio exterior, y en general, total derroche de los fondos públicos, se agrega su obsesión de imponerle al pueblo las plantas a carbón que contravienen el Acuerdo de París COP21 para reducción de CO2”, acotó.

Apuntó que a Punta Catalina se les “transfieren fondos de manera ilegal” del presupuesto aprobado por el Congreso, y además se le busca de manera desenfrenada fuentes de financiamiento como los bonos por RD$28,200 millones aprobados en noviembre. Empero se intenta tapar el hoyo de los RD$4,665 millones ya tomados por concepto de “Deuda Interna” sin aprobación previa.

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Raúl habla de las incongruencias de Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, quien ha dicho que el monto contratado con Odebretch es de US$1,950 millones de dólares y que los aportes del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ascienden a US$1,087.5 millones. “Si agregamos los montos del pool de bancos europeos que integra el Grupo Sace, con un primer desembolso de US$278.5 millones y uno próximo de US$271.5 millones, más US$600 millones de dólares en Bonos Soberanos, suma un costo proyectado de US$2,237 millones, lo que arroja una diferencia de US$287.5 millones entre lo Contrato”.

“Punta Catalina es una seria amenaza a la estabilidad económica y financiera de la República Dominicana”, concluyó Faride Raful.