Vinicio A. Castillo Semán.
–El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció el pasado viernes en la tarde que la firma constructora Odebrecht había llegado a un acuerdo para devolver al Estado dominicano la suma de 184 millones de dólares, equivalente al doble de los sobornos que admitió ante la justicia norteamericana haber incurrido para favorecerse de decisiones de funcionarios públicos criollos, desde el 2001 hasta el 2014, en la licitación de obras estatales.
El arreglo económico con Odebrecht debe ser analizado en dos vertientes: la primera, desde el punto de vista penal de sus ejecutivos y de los funcionarios sobornados; y el segundo, desde el punto de vista económico, en cuanto a si el resarcimiento acordado a favor del Estado guarda proporción con el dinero que le fue defraudado en los crímenes confesados por la empresa brasileña.
Desde el punto de vista penal, si el Estado dominicano le recibiera un solo centavo a la firma Odebrecht, sin condicionarla y exigirle la identificación de los funcionarios dominicanos sobornados, se estaría haciendo cómplice de los crímenes y delitos que está llamado a perseguir. Cualquier arreglo económico con Odebrecht por parte del Estado dominicano tiene que contener como condición sine qua non, no sólo la identificación de los sobornados, sino la colaboración para recabar de la empresa brasileña toda la documentación probatoria (transferencia de fondos, fecha, etc.).
Si el Ministerio Público no exige esta condición para recibir los 184 millones de dólares, cualquier ciudadano quedaría autorizado a pensar que lo que ha ocurrido, en realidad, es un serrucho entre corruptos sobornados con la sobornante Odebrecht, para devolver dinero recibido.
El mensaje a la sociedad dominicana sería catastrófico, desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
La situación es más grave aún, cuando es el propio Procurador General, Dr. Jean Alain Rodríguez, al momento de anunciar el acuerdo con Odebrecht, que aclara que la firma brasileña deberá quedar inhabilitada hacia el futuro para contratar con la Dominicana, lo que significa la intención de dejar vigentes sus contratos actuales, tanto con la CDEEE, como con el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales.
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El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, le dijo públicamente al presidente Santos sobre los contratos vigentes de Odebrecht en Colombia, que sería una inmoralidad investigar a Odebrecht en algunos contratos y premiarla en otros. En materia de derecho, es un principio cardinal de que el fraude lo corrompe todo, y en este caso el fraude de Odebrecht está confesado. ¿Cómo podríamos recibirle 184 millones de dólares al mismo tiempo que la firma delincuente mantiene contratos por miles de millones de dólares con el propio Estado dominicano, que tendrá que pagarle religiosamente por dichos acuerdos?
¿Quién ha hecho una auditoría para cerciorarse de que los contratos que se piensan dejar vigentes no están sobrevaluados? ¿Pagará Odebrecht los 184 millones de dólares con el mismo dinero pagado por el Estado dominicano en esas obras en el futuro? Son preguntas que se hace cualquier ciudadano decente en la República Dominicana y que deben ser meridianamente aclaradas por el Gobierno y por el Procurador General de la República.
Desde el punto de vista económico, Odebrecht, no sólo admitió haber sobornado por 92 millones de dólares a funcionarios dominicanos, sino que confesó ante EEUU haber obtenido ganancias por 165 millones de dólares.
Si Odebrecht estaba obligada a pagar el doble de la suma admitida por soborno, 184 millones de dólares, ¿por qué no se le cobraron los 165 millones de dólares de ganancias ilícitas, que también admitió ante cortes norteamericanas? Igualmente, ¿están en el resarcimiento económico acordado con Odebrecht las sobrevaluaciones previsibles de obras que en muchos casos duplicaban o triplicaban su precio real? Odebrecht, por encima de su extendido fraude confesado, puede haber hecho un magnífico “arreglo” al sólo tener que pagar 184 millones de dólares.
El Caso Odebrecht no es un caso ordinario; es un caso de megacorrupción ligado directamente con el sistema político latinoamericano, no sólo el de la República Dominicana. La sociedad dominicana exige, como es natural, que no haya impunidad a favor de los funcionarios públicos que aceptaron sobornos millonarios de Odebrecht.
Ese es un eje esencial de este proceso, que por más que el Gobierno se empeñe en distraer la atención no podrá evadir su responsabilidad histórica de que el escándalo de Odebrecht quede debidamente esclarecido ante la opinión pública, con los responsables sometidos a la justicia.
Fuente: LD.
