Un grupo de empresas que suplen alimentos a los centros penitenciarios denunciaron irregularidades en una licitación de la Procuraduría General de la República, y urgieron a ese ente a que revisen el procedimiento.
Wendy Febrero, de Supermercados Las Issas, señaló que un total de 62 empresas participaron en la licitación para prestar el servicio de comercialización y distribución de alimentos para los recintos penitenciarios, la Escuela Nacional Penitenciaria y los centros de menores del país. Los contratos fueron adjudicados a cinco empresas que, aseguró, no cumplen con los requisitos geográficos (la prioridad era para los oferentes ubicados en la misma provincia), ni con la antigüedad suficiente, pues algunas tienen menos de un año de establecidas. Los denunciantes dijeron que, incluso, algunas fueron creadas para participar en la licitación.
Los empresarios explicaron que la inexperiencia de las empresas que obtuvieron los contratos como suplidoras de alimentos ha llevado a que se registren problemas de distribución y que, además, se envíen productos en mal estado.