Estados Unidos reabrió este sábado sus fronteras a las personas provenientes de siete países musulmanes tras una decisión judicial que bloquea el decreto migratorio firmado por Donald Trump.
El juez federal de Seattle, James Robart, emitió el viernes a la noche una orden temporaria aplicable al conjunto del territorio estadounidense mientras examina una demanda elevada el lunes por el ministro de Justicia del Estado de Washington, lo que provocó la ira del nuevo mandatario estadounidense.
«La opinión de este supuesto juez, que en definitiva priva a nuestro país de su policía, es ridícula y será revertida», advirtió Trump en una serie de tuits que envió en la mañana del sábado.
«Cuando un país ya no tiene capacidad de decir quién puede entrar y salir, sobre todo por razones de seguridad, hay grandes problemas», señaló más tarde en otro tuit desde su residencia de Mar a Lago, en Florida.
En un mensaje adicional a través de la red social, que se convirtió en su principal medio de comunicación, Trump estimó «interesante que algunos países de Medio Oriente» estén de acuerdo con su decreto. «!Saben que si algunas personas son admitidas (en Estados Unidos) habrá muerte y destrucción!», escribió.
«Hacia donde va nuestro país cuando un juez puede detener una prohibición de viajar decidida por razones de seguridad interna y cuando cualquiera, incluso con malas intenciones, puede entrar en Estados Unidos», tuiteó nuevamente el sábado a la tarde.
Primeros efectos
La orden ejecutiva de Trump, en vigencia desde hace una semana, buscaba impedir la entrada de los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen durante 90 días. También bloqueaba el programa de acogida de refugiados durante 120 días, y de forma indefinida en el caso de los sirios.
Tras la resolución del juez Robart, el Departamento de Seguridad Interior afirmó a la AFP que «suspendió todas las acciones de implementación» del decreto del gobierno.
Los controles en las fronteras, precisó Gillian Christensen, portavoz de esa cartera, volverán a aplicarse según «los procedimientos habituales» hasta nueva orden.
El Departamento de Estado suspendió a su vez este sábado la revocación de unas 60.000 visas. «Los individuos que tengan visas que no fueran físicamente canceladas pueden viajar ahora si su visa es válida», señaló un vocero de la cancillería estadounidense.
Los vuelos hacia Estados Unidos aceptaban nuevamente a personas procedentes de los siete países afectados por el decreto del gobierno, como lo especificó la compañía aérea Qatar Airways.
Lufthansa, Etihad, Swiss, Qatar Airways e incluso Air France cambiaron el procedimiento de la noche a la mañana.
«Aplicamos inmediatamente la decisión de la justicia anunciada esta noche (por el viernes)», aseguró un portavoz de Air France a la AFP.
«Está claro que las personas que estaban formalmente afectadas por la prohibición pueden desde ahora viajar y ser admitidas en Estados Unidos»,explicó a la AFP Peter Spiro, profesor de derecho en la Universidad Temple de Filadelfia.
Spiro aconsejó a los viajeros implicados: «vayan ya mismo a un aeropuerto y embarquen en el primer vuelo» hacia Estados Unidos porque la respuesta de la Casa Blanca puede llegar «muy, muy rápidamente».
De todas maneras, matizó, la presidencia está debilitada porque el Departamento de Justicia, la cartera que debe hacerse cargo de la batalla jurídica en esta materia, carece de titular. Jeff Sessions, nominado por Trump para asumir ese ministerio, no fue aún ratificado por el Senado.
Pulseada
Pero la Casa Blanca no se da por vencida y pretende aplicar el decreto a pesar de todas las críticas que recibió incluso desde el oficialista Partido Republicano.
El sábado el portavoz del Departamento de Seguridad Interior dijo a la AFP que el Departamento de Justicia activará «lo antes posible un recurso de urgencia para defender el decreto».
El Ejecutivo ya había anunciado anteriormente que operaría en ese sentido, según un comunicado difundido en la noche del viernes en el que se calificaba de «escandalosa» la decisión del juez Robart, un adjetivo luego retirado.
La demanda elevada el lunes por el ministro de Justicia del estado de Washington, Bob Ferguson, estimaba que el decreto gubernamental viola los derechos constitucionales de los inmigrantes al tomar como blanco específicamente a los musulmanes.
El fin de semana pasado el decreto había llevado a la detención en los aeropuertos de 109 extranjeros que residían legalmente en el país, según la Casa Blanca, mientras a otros centenares se les impedía embarcar hacia Estados Unidos.
Una semana después de promulgada la orden ejecutiva, las reacciones no cesan en el mundo entero, como lo evidencian manifestaciones que se desarrollaban este sábado en Londres, Berlín y París con participación de miles de personas.
En paralelo, unas 3.000 miembros de colectivos gays manifestaron en Nueva York en «solidaridad» con las comunidades tomadas como blanco por el nuevo presidente.
