Hace unos días empecé a recordar algunas cosas por las que los dominicanos tenemos que pasar día por día sin que nadie haga nada, la siguiente lista es una queja informal del manejo de algunas instituciones como AMET, el Ministerio Publico y la Junta Central Electoral, si alguno de ustedes tiene alguna bien puede dejarla en un comentario y podemos ir haciendo otra entrada más completa;
1- Procuraduría General de la Republica; Necesitar una carta de buena conducta se ha hecho algo indispensable para muchas cosas en el país, es una buena fuente de impuestos al gobierno, pero…. Porque cobrar 620 pesos a los usuarios cuando en 2016 el ex procurador Dominguez Brito anunció que el proceso seria totalmente digital, es decir que ya los usuarios no necesitaríamos ir a sus oficinas, no utilizaríamos su electricidad, ni espacio físico, ni papel, ni tinta, ni personal, ni baños, ni nada parecido, viendo todo esto entonces ¿porque ahora el impuesto es más costoso cuando debió haber disminuido?
2- AMET; Empezamos con que el impuesto a la “placa” es bastante costoso, aparte de esto tenemos una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Dominicano (021/15) en la que violar la Ley de tránsito solo conlleva una multa penal, ¿entonces cómo es que una institución pública desacata una sentencia de un Tribunal al incautar y retener vehículos sin control alguno? ¿Una institución está por encima de la constitución?
3- AMET; ¿Cómo es posible que luego de pagar una multa de la Autoridad Metropolitana de Transporte el ciudadano tenga que ir con el recibo de pago a Tránsito Terrestre y allá ser retirada del sistema? Supongo que lo lógico sería que el pago de la multa haga desaparecer del sistema automáticamente la contravención, ¿Entonces porque ustedes tienen que complicarle la existencia al ciudadano de esa manera?
4- Junta Central Electoral; el año pasado el ex presidente de la Junta Central Roberto Rosario anunció que el impuesto a la legalización de las Actas emitidas por esa institución ya no se cobraría, lo primero que podemos decir es que ese impuesto era un robo público y nada más, se supone que la Junta Central Electoral está emitiendo un documento oficial al expedir un Acta, entonces ¿Por qué la propia institución es quien tiene que legalizar un acto emitido por ellos mismos? Si por mano al diablo usted vive en Higuey y necesita un Acta legalizada déjeme decirle que se jodio, va a tener que dar un viaje a La Romana porque en Higuey no hay legalizaciones, no entiendo como puede ser eso posible en una provincia donde vive tanta gente y se mueve tanto dinero, inaceptable.
5- Junta Central Electoral; Ok, estamos felices de que ya no nos cobren la legalización del Acta que ustedes mismos emiten como habíamos dicho en el numeral anterior, pero…. ¿Por qué razón el código y el sello de legalización no se hacen en un mismo paso?, es decir, lo ideal sería legalizar todas las actas inmediatamente se expiden.
¿Dónde anda la República Digital que me prometieron?
