El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) se ha convertido en un “elefante blanco” de los últimos gobiernos, en los que dirigentes políticos y allegados se han dado a la tarea de comprar terrenos del Estado a precio de “vaca muerta”.
El CEA tiene una nómina que supera los cuatro mil empleados, y había degenerado en una inmobiliaria que vendía propiedades para pagar esa nómina.
El 27 de septiembre del año pasado, el presidente Danilo Medina prohibió la venta o cualquier actividad inmobiliaria del CEA, y creó una comisión evaluadora que coordina el ministro sin cartera, Bautista Rojas Gómez.
La ardua tarea de esa comisión involucra tres millones 500 mil tareas propiedad del Estado que se han vendido, permutado o donado por parte del CEA desde que fue fundado en el año 1966. Esto equivale a 2,201 kilómetros cuadrados, un 4.54% del territorio nacional.
Esa comisión ya ha evaluado seis mil expedientes de los 46,600 de ventas, donaciones y permutas emitidos por esa institución.
Rojas Gómez dijo al periódico Diario Libre que han trabajado en la revisión de dos ingenios de los 12 que hay, que han sido el de Haina y el Ozama.
Este mes han iniciado los trabajos de evaluación en el ingenio Amistad.
Entre los que restan por evaluar están los ingenios de Barahona, Quisqueya, Esperanza y Consuelo.
Señaló que este proceso del CEA es diferente al de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), que fueron eliminadas por el mandatario.
“Hasta que no se presente el tercer informe no se puede establecer tendencia y cualquier cosa es apresurada”, aseveró.
Los informes, se rinden de manera bimestral y el tercero se le rendirá al presidente de la República a finales del mes de marzo.
Respecto a la nómina de los más de cuatro mil empleados, no fue posible acceder a ella a través de la página web del CEA, pues no tiene un enlace de transparencia que indique el detalle de sus empleados.
La comisión evaluadora la integran, además, el director Ejecutivo del CEA, el Contralor General de la República, el director general de Catastro Nacional, y el director ejecutivo de la comisión permanente de Titulación de Terrenos del Estado.
