Santo Domingo. El exdiputado Manuel Jiménez reveló que depositará en los próximos días una querella contra Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por estafa contra el Estado en la presunta sobrevaluación para la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina.
Al hacer el anuncio junto a su abogado Manuel Izquierdo, el excongresista y dirigente político afirmó que la querella será complementaria a la que depositó en contra de los acuerdos del Gobierno con la empresa brasileña Odebrecht ante el juez presidente de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas.
El excandidato a alcalde en el municipio Santo Domingo Este en las elecciones del 15 de mayo de 2016, adelantó que depositará la querella a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), por ser Jiménez Bichara y Castillo funcionarios del Gobierno, por lo cual tienen jurisdicción privilegiada ante la justicia.
Manuel Jiménez y su representante legal no precisaron el día en que depositarán la querella ante la Procuraduría General de la República en contra del vicepresidente ejecutivo de la CDEEE y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.
Afirmaron que con el sometimiento buscarán que se nombre una comisión de peritos que realice una auditoría sobre la construcción de la dos plantas de Punta Catalina, a fin de que se determine si hubo sobrevaluación de parte del consorcio que lidera Odebrecht.
Contra el acuerdo
Respecto al acuerdo arribado por el Gobierno con la Odebrecht, que fue depositado por ante el juez José Alejandro Vargas, para fines de validación judicial, Jiménez y su abogado insistieron en que es ilegal e inconstitucional, porque viola varios artículos del Código Penal Dominicano, del Código Procesal y de la Constitución de la República.
Defendieron la calidad de Jiménez para oponerse al acuerdo y querellarse a la vez contra el representante de la Odebrecht en el país, Marcelo Hofke; el empresario Ángel Rondón, quien habría recibido los 92 millones de dólares para sobornar funcionarios y facilitar la adjudicación de obras a la empresa brasileña; el exdirector de Inapa y exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.
Precisaron que la Constitución faculta a cualquier ciudadano a querellarse contra cualquier funcionario que ha prevaricado, aceptado sobornos y estafado al Estado dominicano, lo cual calificó como un delito que conlleva pena de hasta 20 años de cárcel.
Con relación al acuerdo, sobre el que el juez Vargas se pronunciará el primero de marzo próximo, Manuel Jiménez y el abogado Manuel Izquierdo puntualizaron que la Procuraduría violó aspectos procesales, porque no judicializó el caso, al no querellarse contra la Odebrecht previo a cualquier tipo de acuerdo.
Por tanto, lo calificaron de ilegal e inconstitucional, porque la Procuraduría llega a unos acuerdos con el establecimiento de multas, que es el pago del duplo del soborno pagado, y no el pago de una indemnización por los daños morales cometidos en contra del Estado.
Jiménez e Izquierdo fueron entrevistados en el programa “En La Mira”, que producen las periodistas Amelia Deschamps y Edith Febles por la emisora Fidelity 94 FM.
