Santo Domingo. La Fuerza Nacional Progresista (FNP) señala que de los 250 mil ciudadanos haitianos que fueron aprobados su permanencia en República Dominicana, dentro del Plan Nacional de Regularización, sólo 6,800 pudieron cumplir cabalmente con los requisitos y advirtió que en julio de este año cuando le toque renovar, “otorgarle residencia temporal o permanente implicaría preparar las condiciones para el otorgamiento ilegal e ilegítimo de la nacionalidad dominicana”.
La revelación la hizo el vicepresidente de la FNP, doctor Pelegrín Castillo, quien en carta al ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, advirtió que de otorgar la nacionalidad a esos ciudadanos tendría gravísimas implicaciones para el destino de la nación.
“La imposición de esa fórmula resultaría desde todo punto de vista inaceptable y violentaría gravemente el artículo 3 de la Constitución que obliga a los poderes políticos a rechazar las injerencias o interferencias extranjeras”, explicó el excandidato presidencial de la FNP.
“En consecuencia, las autoridades dominicanas con el presidente Danilo Medina a la cabeza, tienen la obligación ineludible de rechazar las pretensiones del ACNUR y otros organismos internacionales, que pretenden que se les busque una salida de nacionalidad a esos ciudadanos que no cumplieron con los requisitos del Plan Nacional de Regularización”, sostuvo.
Dijo al periódico El Nacional que el país no tiene la obligación de otorgar su nacionalidad a extranjeros que tienen la suya propia, ni tampoco tiene la culpa de que los mismos no hayan sido documentados por su Estado ni la comunidad internacional.
Castillo manifestó que transigir en esa materia, traspasando límites legales y de razonabilidad, comprometería gravemente la responsabilidad de todas las autoridades que tal cosa consintiesen, a la vez que colocaría un baldón ignominioso en la historia nacional.
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“Creemos pertinente recordarle lo que hemos venido planteando en forma reiterada, no es serio seguir hablando de política migratoria mientras en los hechos se aplica una irresponsable política de frontera abierta, al tiempo que se estimula, en incumplimiento de la regla 80/20 del Código de Trabajo, la brutal desnacionalización del mercado laboral nacional en perjuicio de los dominicanos más pobres sin calificación laboral”, añadió.
En su carta al ministro de Interior se preguntó qué tipo de documento se le otorgará a esos casi 250 mil extranjeros cuando se cumpla en cuatro meses su estatus migratorio en el país.
