Por Juan Manuel García
Las cuentas del Ministerio de Salud Pública, de la ministra Altagracia Guzmán Marcelino, y otro dos funcionarios están embargadas desde este martes por el abogado Víctor de Jesús Correa, quien asegura, que esa institución está en la obligación de subrogarle RD$1 millón 450 mil correspondientes a sus honorarios tras haber logrado dos sentencias en el 2013 que favorecieron a la empresa Suplidores e Inversiones Vic-Mar sobre un caso de despachos de medicamentos.
De Jesús Correa informó que por el Ministerio de Salud Pública negarse a pagarle sus honorarios también embargó las cuentas personales de la consultora Jurídica, Giselle Karina Otero Nieves, y del director Financiero, Carlos Justo Trinidad.
Explicó el abogado que procedió de esta manera amparado en las disposiciones contenidas en el Artículo 148 de la Constitución de la República que establece sanciones para funcionarios que impidan la ejecución de determinadas ordenanzas.
En ese sentido, mostró documentos de las diez intimaciones que ha depositado por ante el Ministerio de Salud Pública para que se haga efectivo el pago de sus honorarios pero que tanto el director financiero como la consultora jurídica han hecho caso omiso a sus reclamos.
El doctor de Jesús Correa explicó que si la ministra de Salud Pública ordena el pago del dinero que se le adeuda de inmediato serán liberados los fondos de esa cartera, de la ministra y los otros dos funcionarios pero que de persistir la situación continuará sus exigencias en los medios de comunicación.
