Washington, D.C.- la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), conoció en el marco de la celebración de su 161 periodo de sesiones una audiencia temática, sobre el impacto negativo y criminal de la minería en América y particularmente en la República Dominicana, focalizada en las conculcaciones y violaciones a los derechos humanos y fundamentales de los dominicanos, perpetrados por la Barrick Gold en la explotación minera de la provincia Sánchez Ramírez.
La audiencia tuvo efecto el pasado sábado 18 de marzo, con la presencia y representación de organizaciones de la sociedad civil, procedentes de Nicaragua, Guatemala y República Dominicana, abordando concretamente el “Derecho de acceso a la información y transparencia en la gestión ambiental, concesión, monitoreo y fiscalización de actividades extractivas en América”.
Dentro de las organizaciones que suscribieron la instancia de sometimiento ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), se destacan del país la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UASD, el Espacio Nacional para la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE), además de otras entidades procedentes de Perú, Nicaragua, Guatemala, con la asistencia del Due Process of Law Foundation (DPLF), de Washington.
Trajano Potentini presidente de justicia y transparencia tuvo a su cargo la ponencia central del caso dominicano, denunciando las violaciones e inconstitucionalidades del contrato suscrito entre el Estado Dominicano y la Barrick Gold, poniendo de relieve las violaciones recurrentes y reiterativas en la industria extractiva.
Potentini citó como violaciones graves contenidas en la letra y ejecución del referido contrato, la conculcación a los derechos humanos de los dominicanos, evidenciados en las cláusulas de confidencialidad, las cuales generan mucha discrecionalidad y poca transparencia en el acceso y manejo de la información extractiva, el pasivo medioambiental sin remediar, la violación al derecho a la salud, las expropiaciones de terreno con vocación minera sin el pago correspondiente, la explotación a cielo abierto con cianuro residual y otras sustancias peligrosas, el envenenamiento de las aguas y ríos, el desplazamiento de comunidades por las devastaciones de la flora y la fauna, la prevalencia de diversas enfermedades y cáncer de la piel, entre otros daños.
La audiencia tuvo una duración de 45 minutos y estuvo dirigida por los comisionados de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y James L. Cavallaro, en compañía del relator especial para la libertad de expresión, Erson Lanza, quienes intercambiaron impresiones con las entidades peticionarias, al tiempo de tomar conocimiento de la denuncia, ponderando su contenido e importancia, prometiendo además, que harán todo lo necesario para garantizar la protección de los derechos de los derechos humanos de las comunidades afectadas.
La delegación dominicana desarrollo en Washington una intensa agenda de trabajo, con reuniones dirigidas a concientizar a la comunidad internacional sobre la situación que vive el país con las industrias extractivas, también completaron la delegación, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, Dr. Antonio Medina, a quien correspondió presentar el petitorio final del conjunto de los países afectados y por Bienvenido Mejía, representante de la fundación GEMA energía y medio ambiente, quien también hizo uso de la palabra exponiendo ante los comisionados el drama humano y social que viven los moradores de Cotui con la Barrick Gold.
