La Justicia de Argentina embargó económicamente y prohibió salir del país a la ex presidenta Cristina Fernández y a sus hijos tras dictar su procesamiento como presuntos jefes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública.
El juez federal Claudio Bonadio procesó, además, entre otros, a los constructores Lázaro Báez y Cristóbal López, y a Romina Mercado, sobrina de la ex mandataria quien fue presidenta desde 2015 de la sociedad Los Sauces, y al fallecido ex jefe de Estado Néstor Kirchner (2003-2007).
La acusación apunta a que pudo utilizarse esta empresa, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y su hijo Máximo, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de Báez y López, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
En una larga resolución, Bonadio acusó a Cristina Fernández, sobre la que ordenó un embargo por 130 millones de pesos (8,44 millones de dólares), “penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe”, el cual concurre “en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito” agravado por ser funcionario público y por “negociaciones incompatibles”.