Un debate jurídico ha desatado la sentencia de amparo dictada por el juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Departamento Judicial de Barahona que impuso un astreinte de RD$50 mil a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) por cada día de suspensión de docencia.
Luego de que el jurista Eduardo Jorge Prats, calificara de improcedente la decisión, el juez del Tribunal Superior Electoral, José Manuel Hernández Peguero, difiere del planteamiento, pues consideró el fallo correcto y conforme a la Constitución de la República y los tratados internacionales.
“Sin desconocer el derecho a la huelga que le asiste a los trabajadores, lo cierto es que el mismo no tiene la extensión y alcance social que tiene el derecho a la educación, el cual es transversal a todos los segmentos de la vida social, en especial para la familia y la niñez, y por consiguiente, ante un conflicto o una lesión a este derecho, el juez en virtud del principio de la supremacía constitucional y el sistema de ponderación previsto en la Constitución de la República debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizarlo, siendo la imposición del astreinte un medio eficaz”, apuntó.
El recurso de amparo fue elevado contra la ADP y su presidente en Barahona, por la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAES) por la constante paralización de la docencia en las escuelas y liceos públicos del municipio.
Fuente: DiarioLibre.com
