Santo Domingo. Líderes de los partidos de oposición del país restaron credibilidad a las declaraciones, ayer ante un juez de Brasil, de la esposa del publicista João Santana, Mónica Moura, en las que niega que la empresa Odebrecht erogara fondos para financiar la campaña electoral del presidente Danilo Medina.
Altos dirigentes de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Opción Democrática (OD), Alianza por la Democracia (APD). Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) expresaron que Moura contradice afirmaciones anteriores suyas.
Indicaron que también contradicen a los ejecutivos de Odebrecht que afirmaron haber aportado dinero a la campaña del candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
“Lamento que el Gobierno y el PLD pretendan autodescargarse con una declaración de una señora que está imputada de violar la ley en Brasil y por haber sobornado funcionarios públicos en distintos países”, expresó Orlando Jorge Mera, presidente en funciones del PRM.
“Su declaración contradice las declaraciones de otros ejecutivos de Odebrecht que aseguran que hubo aportes a la campaña de Danilo Medina”, siguió diciendo a reporteros del periódico El Nacional .
Minou Tavárez Mirabal, presidenta del Opción Democrática, recordó que Moura y su esposo tenían sus oficinas en el Palacio Nacional.
La dirigente política resaltó que Medina es “el único presidente que ella saca de sus declaraciones, el único en ejercicio”.
“Lo que pienso es que el PLD se contenta con poca cosa, vista la situación de descrédito que enfrenta junto al Gobierno”, declaró sobre el tema Max Puig, presidente de la APD.
“El que se está ahogando se agarra hasta de un clavo ardiendo. Esas esas declaraciones no reducen las responsabilidades del Gobierno y el PLD en este escándalo internacional”, precisó Puig.
Luis Miguel De Camps, secretario general del PRSD, señaló que lo más relevante del escándalo internacional que involucra a Odebrecht no es el financiamiento de la campaña a Medina, sino el soborno a funcionarios gubernamentales por 92 millones de dólares y la sobrevaluación de obras del Estado.
