En España, el «secuestro» de pisos, delito en pleno auge

Un muro de ladrillos y cemento tapa la ventana de un piso por estrenar en la planta baja de un coqueto edificio en el barrio de la Barceloneta de Barcelona. ¿El objetivo? Disuadir a okupas y secuestradores de pisos.

«La gente quiere sistemas de seguridad cada vez más avanzados», asegura Juan Carlos Parra, asesor comercial de STM Seguridad Integrada, una empresa especializada en la instalación de puertas de acero para impedir su apertura violenta.

«La demanda se ha disparado en los últimos 3 años, instalamos unas 1.500 puertas mensuales por toda España», añade Parra, asegurando que los clientes intentan así contrarrestar la acción de mafias que «se dedican a abrir las viviendas, cambiar la cerradura y vender las llaves».

El chantaje suele conllevar amenazas. «Tocas el timbre otra vez y te arrepentirás», dijeron unos «okupas» a una señora mayor, cuenta el abogado José Maria Aguilá sobre la experiencia vivida por su cliente, que no quería rendirse ante la ocupación de su piso.

La AFP contactó con varias víctimas que, por temor a represalias, declinaron compartir sus historias.

El mismo miedo empuja a los propietarios a no colgar carteles de alquiler o venta para no llamar la atención.

La magnitud del fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas favoreció la creación en 2016 de Desokupa, empresa de Cataluña especializada en desalojos de inmuebles, que generó fuerte polémica por sus métodos cuestionados por varios movimientos sociales de izquierda.

Ellos aseguran que sólo brindan una «mediación respetuosa» pero, en algunos casos, sus trabajadores, corpulentos exboxeadores y personal de seguridad, montan guardia en el edificio para ahuyentar a los ocupantes.

– Burbuja –

Parte del fenómeno tiene su origen en el estallido de la burbuja inmobiliaria española en 2008 tras una etapa de construcción desenfrenada, ya que generó una gran cantidad de viviendas vacías disponibles.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) hay 3,4 millones de inmuebles vacíos en España, el 13,7% del parque inmobiliario.

«Buscan pisos deshabitados por internet y en los registros públicos de viviendas para luego entrar a la fuerza, enganchar ilegalmente los suministros y entregar el inmueble a los nuevos ocupantes», cuenta Enrique Vendrell, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona.

Por este servicio cobran menos de 1.000 euros el «encargo», asegura.

Los encargos proceden en mayoría de gente que luego se instala y chantajea a los dueños, aunque también existen mafias que colocan a una persona de su entorno en el piso para extorsionar, explican Enrique Vendrell y José Aguilá.

Las viviendas propiedad de los bancos son las más codiciadas porque resulta más fácil conseguir su ubicación y las entidades financieras tardan más en reaccionar a la ocupación que los particulares.

La Agencia de la vivienda de Cataluña por su parte estima que las entidades bancarias disponen de 45.000 pisos vacíos en toda la región.

Pero el fenómeno no tiene nada que ver con las miles de personas con dificultades financieras que buscan un piso por necesidad, asegura Enrique Vendrell.

Las mafias okupas buscan «presionar a los propietarios pidiendo dinero para irse de las viviendas», afirma.

«Se aprovechan de la lentitud de los procedimientos judiciales» y llegan a pedir, incluso a los bancos, entre 3.000 y 6.000 euros para dejar las viviendas.

Y en algunos casos los dueños prefieren pagar.

«Los plazos de los procedimientos son muy variables. En Barcelona un juicio puede tardar entre 6 y 8 meses desde que se formula la demanda de desahucio en ámbito civil”, explica el abogado Antoni Garriga, del despacho Navarro Advocats, añadiendo que puede tardar aún más si los inquilinos ilegítimos consiguen eludir las notificaciones del juzgado.

¿Cómo frenar el fenómeno?

La policía local, aunque no da cifras sobre las denuncias, asegura estar trabajando en el problema.

Para la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, hay que reducir drásticamente la cantidad de viviendas vacías, ya que produce un «efecto llamada», y ponerlas en alquiler social, matando así dos pájaros de un tiro: la ocupación de pisos y los problemas de acceso a viviendas asequibles en la ciudad.