Santo Domingo. El Gobierno tendrá que pagar del Presupuesto General del Estado este año unos RD$2,731.5 millones al consorcio Autopistas del Nordeste, debido a la disminución del flujo de vehículos por la carretera Juan Pablo II, que comunica a Santo Domingo con la provincia Samaná.
De acuerdo a una información publicada por el periódico Diario Libre, en los últimos seis años el Estado dominicano ha tenido que desembolsar un subsidio de RD$13,517.4 millones para cumplir con los compromisos contraídos con el consorcio colombiano.
Indica que las bajas operaciones han obligado al pago de un “peaje sombra” a la concesionaria Autopistas del Nordeste, que tan sólo en este 2017 ronda los RD$2,731.5 millones.
Expresa que las partidas son contempladas en la Ley de Presupuesto General del Estado, que en el 2012 destinó un monto de RD$1,838.2 millones; en 2013 fueron RD$1,339.2 millones; en el 2014 unos RD$2,272.1 millones; en el 2015 el pago fue de RD$2,500 millones y en el 2016 se dispusieron RD$2,836.4 millones.
Establece que las partidas se destinan en cumplimiento al contrato arribado el 18 de julio del 2001 entre el Estado dominicano y la empresa constructora Autopista del Nordeste, en lo referente al Ingreso Mínimo Garantizado que se aplica para cubrir el déficit que deja a la empresa la baja circulación de vehículos. La firma se llevó a cabo por el entonces secretario de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado y el ingeniero Luis Fernando Jaramillo Correa, presidente del Consejo de Administración de Autopistas del Nordeste.
Aunque la rúbrica se llevó a cabo en el 2001, el gobierno había entregado la carretera a concesión durante la primera gestión de Leonel Fernández, en 1998 con un costo inicial de US$125 millones. La obra fue paralizada en el último año del mandato de Hipólito Mejía, y fue retomada en abril del 2005 por Fernández.
La vía, que recorre 106 kilómetros desde la autopista Las Américas hasta la carretera que va a Samaná, fue inaugurada oficialmente el 12 de diciembre del 2008, en la gestión del entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, aunque desde el primero de junio de ese mismo año había sido abierta al público.
La baja rentabilidad que registra la vía tira por el suelo un estudio realizado por el Banco Mundial en el 2005 que atribuía una alta tasa de rendimiento social a la obra y basado en esos datos otorgó una garantía para cubrir el 51% del valor de la infraestructura.
El valor del proyecto fue establecido contractualmente en US$154.4 millones en septiembre del 2003: el 20% sería aportado por el Estado, otro 20% suplido por el concesionario y el 60% obtenido mediante colocaciones de títulos.
En el 2005, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), entidad afiliada al Banco Mundial, aseguró la concesión de la carretera Santo Domingo-Samaná por un monto de US$251 millones.
