Santo Domingo. La juez titular de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte Gómez, condenó al propietario de varias discotecas ubicada en Santo Domingo Este, a dos años de prisión y al pago de una indemnización de 10 millones de pesos en favor del señor Juan Rodríguez Santos, que le acusó de falsificación de documentos de comercio en su perjuicio con el propósito de evadir el pago de las tributaciones correspondientes a la Dirección General de Impuestos Internos (DGI).
En una nota publicada por el periodista José Antono Aybar se indica que el imputado Samuel de Jesús Polanco Cruz, alías Sammy Discoteca, Sammy Makumba, quien fue acusado de violar los artículos 150, 151, 379, 401 y 405 del Código Penal, y quien deberá cumplir la condena en la Cárcel de Najayo-Hombres, San Cristóbal.
El dispositivo de la sentencia fue leído por la secretaria del Tribunal, Cecilia Estévez, el pasado martes 2 de mayo, en el que se consigna que fue encontrado culpable de falsedad y uso de documentos falsos en escrituras de comercio, por lo que la magistrada entiende que las penalidades impuestas son proporcionales al caso de que se trata.
El señor Rodríguez Santos, a través de sus abogados licenciados Henry Rafael Soto Lara, Rafael Rivas Solano y José Chía Sánchez, acusaron Sammy Discoteca, Sammy Makumba propietario de varios centros de diversión, de perjudicarle económicamente a través de la falsificación y publicación de documentos comerciales en la página de Internet de la Dirección de Impuestos Internos, con el objetivo de evadir el pago de tributaciones al Estado.
Según la acusación , el señor Sammy Discoteca es el hecho de haber reportado o remitir sus declaraciones impositivas vía Oficina Virtual (OFV) con el propósito de generar gastos y adelantos sustentándolo en Números de Comprobantes Fiscales (NCFs) de Rodríguez Santos, basado en transacciones inexistente o falsa, mediante el reporte de numerosas transacciones inexistentes para justificar gastos y adelanto por antes la DGI por montos considerables de dinero y con lo cual Rodríguez Santos considera les causó daños y perjuicios.
Indica el Diariodigitaldominciano.com que las penalidades solicitadas por la parte demandante eran de 35 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados a su cliente, pero la magistrada entendió que 10 millones y 2 años de prisión era proporcionar al daño infringido al agraviado.
