Por Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, director ejecutivo de Casa Abierta
En Casa Abierta recibimos informaciones frecuentes de familias que buscan apoyo en esta institución para alguno de sus miembros usuarios de drogas. Nos informan que han tenido que pagar para liberar a uno de sus miembros que ha sido detenido en posesión de drogas. Parece incluso que hay una tarifa que va desde cinco mil pesos en adelante. Pero también nos dicen que simplemente se detiene a la persona, generalmente joven, y se le amenaza con un expediente de drogas sino pagan su libertad. Y la familia tiene que buscar de cualquier forma para que esta persona no sea fichada por un delito que no ha cometido. Es el colmo del abuso, al peor estilo de las mafias organizadas, aplicado por personas investidas de autoridad.
El caso reciente del activista de la marcha verde contra la corrupción y la impunidad, Juan Comprés, es solo una muestra más de la vergüenza que está sucediendo día a día en nuestro país con el tema de las drogas. Nos muestra además que en República Dominicana las drogas también se usan como recurso de control político. Esto pone en evidencia que la supuesta lucha contra las drogas en nuestro país es frecuentemente un recurso para el chantaje, la extorsión, y ahora también la represión política. ¿Qué hubiera sido de este señor si una cámara indiscreta no hubiera grabado el momento en que un policía introduce la droga en su vehículo?
Pero este caso alcanzó notoriedad por tratarse de esta persona. Son innumerables las personas anónimas que diariamente son sometidas a este procedimiento para luego exigir pago. Las familias no tienen el apoyo que recibió el activista social, por lo que no tienen otro camino que ceder al chantaje y la extorsión. Lo hemos dicho muchas veces, esta es una política inhumana que solo produce daños. Se insiste en medidas represivas y de control, que son fácilmente neutralizadas por la corrupción, fuente del poder que ostenta el negocio de las drogas ilegales.
Mientras en estas sociedades sus dirigentes asumen con responsabilidad el tema de las drogas, como acaba de hacer el congreso de México respecto a la marihuana, la República Dominicana se mantiene en un atraso absurdo, enfocado en penalizar, criminalizar, victimizar, justamente a las personas sanas y a las posibles víctimas del problema que son las personas consumidoras. Nuestros dirigentes no solo privan a la sociedad de los beneficios para la salud y la investigación científica de sustancias como la marihuana, como se acaba de hacer en México, sino que además mantienen una política negadora de derechos.
Nueva vez insistimos en la necesidad de un cambio de mirada de nuestras autoridades. Ya son otros tiempos en que las drogas eran vistas como demonios, lo que ha generado política basadas en el miedo, pero también estos entramados corruptos. Las drogas, lo sabemos, son peligrosas cuando su uso es abusivo, por lo que necesitan un tratamiento inteligente, enfocado en reducir la demanda, la investigación, en la prevención y los tratamientos, la formación de profesionales. Enfocado en la salud y el respeto a los derechos y dignidad de las personas. ¿Hasta cuándo nuestras autoridades van a mantener esta política que es supuestamente contra las drogas, pero que en realidad es contra las personas y la sociedad misma?
