La Cámara de Cuentas en la picota

Por Miguel Reyes Taveras

La Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado, según lo dispuesto por la Constitución de la República en su artículo 248 y la Ley 10-04 en su artículo 10, además, la ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes le asigna la función de recibir la declaraciones juradas de los funcionarios, y más importante aún, comprobar la veracidad de las informaciones contenidas en las mismas.

Sin embargo, muchos ciudadanos, dentro de los que nos inscribimos, están cuestionando el rol de la Cámara de Cuentas. Esto así porque no se explica que la Constructora Odebrecht, conforme la admisión de sus ejecutivos, haya pagado sobornos entre 2001-2014 para asegurar contratos públicos en el país al margen de las disposiciones legales, sin ser fiscalizada por la Cámara de Cuentas.

Y es que la Cámara de Cuentas no puede alegar que ignoraba las irregularidades vinculadas con los contratos de Odebrecht. Esto así porque la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas le notificó en los años 2009 y 2011 las resoluciones No. 5/2009 y No. 23/2011, en las que se establecían violaciones a la ley 340-06 de Compras y Contrataciones en sendos procesos de contratación llevados a cabo por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en los que resultó adjudicataria la empresa constructora Odebrecht.

De manera que aun estando consientes de los vicios que acompañaban la contratación y ejecución de los contratos de la firma brasileña en el país, omitió fiscalizar sus acciones.

Resulta igualmente cuestionable que la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos funcione en la práctica como un archivo de datos; incumpliendo con su mandato de “Comprobar la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas”, mientras medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, que no cuentan con los recursos ni facultades de este órgano que depende del pleno de la Cámara de Cuentas, juegan el papel de esta entidad e identifican y denuncian falsedades o fraudes en las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por ciertos funcionarios.

Esperamos que los nuevos miembros del pleno, encabezados por el Licenciado Hugo Álvarez Pérez, reencausen esa institución y la saquen de la anomia a la que ha sido sometida y conviertan los casos de Odebrecht, Diandino Peña y la CAASD en una oportunidad para recuperar la confianza en una institución que debe ser el pilar de una buena administración pública.

También los exhortamos a llevar a la práctica las declaraciones del Licenciado Hugo Álvarez Pérez, quien ha manifestado su intención de operativizar los canales de comunicación y colaboración de los ciudadanos con ese órgano de control, a fin de contribuir con el combate y expulsión de los actos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo y prevaricación en el Estado Dominicano. Es justo y necesario.