Por Miguel Melenciano

El hecho cierto, que pretendió crear las condiciones para –supuestamente- acallar al dirigente comunitario Juan Compre no se puede quedar ahí, debe llegarse hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga, la justicia tiene que jugar su rol, de lo contrario en pleno siglo 21, estaríamos retrotrayéndonos a tiempos pasados, que creímos superados.



Para tomar las medidas, que la prudencia requiere en caso como este, el ministerio público debería analizar dos hechos concretos que se dieron concomitantemente al mismo tiempo. Primero; la existencia de una evidencia material (Droga), la cual, las autoridades policiales señalan, fue encontrada en el vehículo de Juan Compre, y Segundo; los hechos registrados en un video grabado al azar por una cámara de seguridad.



Dos hechos al parecer ocasionales, ya que los policías actuantes no pertenecían a los departamentos de narcótico; ni de la policía, pero tampoco de la Dirección Nacional de Control de Drogas, (DNCD); pero mucho menos tenían una investigación abierta contra la persona, que de manera fortuita detuvieron con un polvo blanco, que hasta el momento, nadie ha certificado el tipo de estupefaciente que es.

Este caso no se resuelve con la admisión, de parte de la comisión designada por la dirección policía, de que el polvo blanco encontrado en el vehículo fue colocado por los agentes policiales, hay que ir más lejos, ¿Quién o quienes estuvieron detrás de esto?, ¿Qué interés tenían estos policías de perjudicar a Compre?, estas, y otras docenas de conjeturas hay resolverla, ante de dar por cerrado el asunto.

También, y esto si es preocupante, la supuesta droga, que una alta comisión decidió, fue colocada de manera intencional al dirigente pelegrino, ¿Dónde la consiguieron los policías? ¿Tenían autorización los policías para manejar estas drogas narcóticas?, ¿Se quedaría este caso, solo en apartar del servicio policial activos estos policías?.

Sería bueno aclarar todas y cada una de las interrogantes planteada, así como las que el ciudadano común y corriente se ha estado haciendo, ya que de no hacerlo, se terminaría de perder la credibilidad de una institución desacreditas, como lo es la Policía Nacional Dominicana, pero afectaría sobremanera el estado democrático que vivimos.