El Grupo Puntacana (GPC) aseguró este jueves que es falsa la denuncia hecha por el señor Josué Cabral Rodríguez de que los terrenos en los que se construyó la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Punta Cana son de su propiedad, ya que fueron adquiridos válidamente todos, la mayor parte desde hace décadas, y una porción menor mediante contrato de permuta suscrito en el 2006.
La empresa además califica, en una declaración de prensa, como difamatoria e injuriosa las supuestas amenazas constantes que el señor Cabral afirma haber recibido de Grupo Puntacana o de sus abogados, ya que lo único que ha hecho la empresa es defender sus derechos de propiedad de manera institucional y civilizada en un proceso judicial que se encuentra en su etapa inicial.
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Explicó que los más de 169 mil metros cuadrados de terreno cuya propiedad reclama Cabral Rodríguez fueron transferidos por él en el 2006 al Grupo Puntacana mediante un contrato de permuta a cambio de miles de metros cuadrados que le entregó la empresa. En octubre del 2014 Cabral hizo una declaración jurada en la que reconoció de nuevo los contratos firmados con Puntacana.
La segunda pista del aeropuerto fue inaugurada en el mes de noviembre del 2014 y su construcción se inició mucho tiempo después de que la empresa había tomado posesión de los terrenos adquiridos mediante la permuta convenida en el 2006.
El conflicto con Cabral se origina en que este, a pesar de la existencia de los contratos, se ha negado a recibir el certificado de propiedad de los terrenos entregados a él por Grupo Puntacana, exigiendo que, en lugar de los terrenos acordados como pago, una cantidad de dinero supera con creces el valor de los terrenos involucrados.
Además, él ha realizado múltiples ventas de terrenos en la parcela permutada, lesivas a los derechos de Grupo Puntacana, en violación a los acuerdos del año 2006 y sobre los que existen diversos sometimientos y reclamos hechos por terceros al señor Cabral.
Durante varios años Grupo Puntacana realizó innúmeros acercamientos amigables para que éste cumpliera de buena fe los contratos firmados, pero el mismo respondió en marzo del 2016 con una acción judicial que debió ser contestada y que actualmente se conoce en el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Altagracia.
GPC asegura en su declaración que “jamás actuará fuera de los preceptos legales” y rechazó lo que considera un intento de “presión y amedrentamiento por parte de Josué Cabral Rodríguez que intenta dañar la imagen institucional del Grupo con declaraciones difamatorias e injuriosas”.
