Santo Domingo. Esta semana la Procuraduría General de la República solicitará la emisión de órdenes de arresto contra algunos de los implicados en el caso de sobornos realizados por la empresa Odebrecht.
El equipo de procuradores y técnicos que están al frente de la investigación trabajó hasta pasada la medianoche, los días viernes y sábado, debido a que en los próximos días entregarán el expediente ante el Juzgado Especial de la Instrucción, para el sometimiento de los implicados.
Aunque a través de las redes sociales han circulado al menos tres listas con los nombres de los sobornados; ninguna ha sido confirmada por la Procuraduría, que la recibió el pasado 18 de mayo.
Cuando se consigne el expediente, se hará oficialmente público el listado con los nombres y la cifra exacta de los sometidos.
Indica el periódico El Caribe en una publicación de este lunes que será un solo expediente y que en él hay personas que gozan de jurisdicción privilegiada.
Habrá solicitud de medidas de coerción.
En este caso, es importante aclarar que la jurisdicción especial se refiere al cargo y no a la persona, por lo que si el funcionario es despojado de su magistratura, el proceso sería enviado a la jurisdicción ordinaria, como sucedió recientemente con el caso que se sigue, por presunta prevaricación, a la exjueza Awilda Inés Reyes Beltré, quien luego de renunciar a su cargo, el proceso fue enviado a los tribunales ordinarios.
De acuerdo al artículo 154.1 de la Constitución de la República Dominicana, se indica que “Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley: Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República; a senadores, diputados…”, por lo que los congresistas, de ser imputados, tienen derecho a la jurisdicción especial.
Además, al ser sometida una persona con “privilegio de jurisdicción”, esta arrastra a los coimputados, tal y como sucederá con el expediente de Odebrecht.
Para el jurista Cándido Simón, un diputado o un senador que goza de inmunidad parlamentaria, puede ser sometido a la Justicia y hasta recibir medidas de coerción. Sin embargo, no podrán guardar arresto, bajo ninguna circunstancia, mientras estén en período legislativo.
“Sí pueden ser procesados y sometidos, pero mientras estén en período legislativo no pueden ser apresados”, dijo.
Explicó, citando el caso del exdiputado Radhamés Ramos García (El Chino), que si contra un senador o un diputado se impone una medida de coerción consistente en prisión preventiva, una vez que la legislatura entre en receso, sería llevado a la cárcel y cuando comience la otra sesión legislativa, debería ser puesto en libertad, temporalmente, para que legisle.
Podrían pedir se conozca en jurisdicción ordinaria
Cándido Simón aclaró que la jurisdicción especial ofrece menos garantía y menor tutela judicial efectiva para los procesados, razón por la cual los implicados podrían solicitar que su caso sea dirimido en los tribunales ordinarios.
“La jurisdicción especial es una desventaja judicial porque tienes menos espacio para defenderte de la medida de coerción y de la acusación. Nada más tienes el pleno de la Suprema y si te condenan no hay recursos”, dijo.
