La Habana, Cuba. Cuando restan ocho meses para su relevo histórico de la presidencia, Raúl Castro abrió el jueves la puerta a nuevos pero cautelosos cambios económicos en Cuba frente a la crisis en Venezuela y el posible retroceso con Estados Unidos.

Sin anunciar una reforma concreta dentro del proceso de flexibilización del modelo socialista, Castro clausuró una sesión extraordinaria del Parlamento en la que fueron aprobados una serie de documentos que guiarán el rumbo de Cuba después de que deje la presidencia en febrero de 2018.

Estos documentos “nos permitirán continuar avanzando en la actualización del modelo económico y social o lo que es lo mismo, cambiar todo lo que deba ser cambiado”, proclamó el líder de 85 años ante el poder legislativo reunido en La Habana sin acceso a la prensa internacional.

Y lo haremos “a la velocidad que nos permitan el consenso que forjemos al interior de nuestra sociedad y la capacidad que demostremos de hacer bien las cosas, para evitar graves errores”, agregó.

Los 612 diputados aprobaron los documentos rectores que expidió el Partido Comunista de Cuba, que preside Castro, en su Séptimo Congreso celebrado en abril de 2016. Fue la última ocasión que habló el líder Fidel Castro ante el partido antes de su deceso en noviembre pasado a los 90 años.

Los documentos, que incluyen lineamientos políticos y económicos hasta 2030, fueron sometidos a una amplia discusión en asambleas populares, y sufrieron modificaciones avaladas este jueves por el parlamento.

Los textos definitivos deberían ser divulgados los próximos días, pero más allá de los cambios, se espera que los mismos ratifiquen lo anunciado por Raúl y Fidel el año pasado, cuando descartaron a dos voces el regreso del capitalismo o el fin del régimen de partido único vigente desde hace más de medio siglo.

“Estos fundamentos programáticos (…) reafirman el carácter socialista de la Revolución Cubana y el papel del Partido Comunista como fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”, subrayó Castro.

Aun así se espera un reconocimiento legal de la naciente empresa privada, aunque sin dar paso a la concentración de la riqueza.