El presidente de México, Enrique Peña Nieto, negó este jueves que su gobierno sea responsable de espiar a activistas y periodistas, y ordenó a la fiscalía investigar el tema para «deslindar responsabilidades» y determinar «el origen y fuente» de esas afirmaciones.
«Este gobierno rechaza categóricamente cualquier tipo de intervención en la vida privada de cualquier ciudadano», dijo el mandatario durante un evento en el occidental estado de Jalisco.
«Resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía, o como una entidad que espía. Nada más falso que eso», sentenció.
El lunes, un grupo de activistas y periodistas denunció legalmente al gobierno mexicano por intervenir sus teléfonos móviles tras un reportaje sobre el tema del influyente diario The New York Times.
En una primera reacción a la publicación, la presidencia de México dijo el lunes que no había prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje, aunque no negó la acusación.
En la investigación periodística se apunta al presunto uso de un software de espionaje que se vende exclusivamente a gobiernos para combatir a terroristas y narcotraficantes.
Peña Nieto aseguró en su discurso que toda la tecnología que el gobierno tiene y ha adquirido es «para mantener la seguridad interna del país».
Entre quienes denunciaron el espionaje está la destacada periodista Carmen Aristegui, quien reveló en 2014 que la esposa de Peña Nieto había comprado una mansión de 7 millones de dólares a un importante contratista del gobierno.
«¿Qué tiene que decir hoy el presidente de México sobre este espionaje cometido de manera alevosa e ilegal?», dijo el lunes Aristegui en una conferencia de prensa.
Peña Nieto sostuvo que «ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar, mostrar o evidenciar que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones».
El mandatario dijo que él mismo recibe a veces mensajes cuya fuente desconoce pero «procura en todo caso ser cuidadoso» de lo que habla por teléfono.
El miércoles, la fiscalía anunció una indagatoria sobre el tema al tiempo que legisladores opositores de izquierda en el Senado propusieron una comisión de investigación sobre el tema.
Las acusaciones de espionaje del gobierno a periodistas y activistas no son nuevas en México, pero este caso se produce en uno de los años más cruentos para la prensa mexicana con el asesinato de 5 comunicadores en lo que va de 2017.
